Vecinos, académicos del ICSyH-BUAP y tres organizaciones civiles interpusieron un amparo indirecto contra el cablebús argumentando violaciones al Acuerdo de Escazú y a la Declaración de Río; el litigio, coordinado por el Nodo de Derechos Humanos (NODHO), nombra por primera vez ocho espacios verdes específicos y pone en evidencia que el Acuífero Valle de Puebla está sobreexplotado.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUE- — El litigio ambiental contra el cablebús de Puebla escaló el 11 de marzo de 2026 a una dimensión que los amparos anteriores no habían alcanzado. El nuevo recurso, interpuesto como amparo indirecto colectivo, invoca el Acuerdo de Escazú —el tratado regional de América Latina y el Caribe sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental, ratificado por el Senado mexicano en 2021 y en vigor como norma de jerarquía constitucional— y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El argumento de convencionalidad internacional transforma la naturaleza del conflicto: ya no es solo el gobierno de Puebla frente a sus ciudadanos, sino México frente a sus obligaciones internacionales en materia ambiental. Si el amparo prospera con ese fundamento, la contraparte institucional se extiende hasta la federación.
Los firmantes sostienen que el gobierno estatal violó los tres ejes del Acuerdo de Escazú: el derecho al acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública efectiva, temprana e informada, y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. El argumento factual que respalda esa acusación es el mismo que este repositorio ha documentado desde el 1 de marzo: "Semanas antes del inicio de la obra, las personas que habitamos en la ciudad nos enteramos por medios de comunicación no institucionales", dice el boletín. El plan de compensación forestal de los 10,000 árboles, según revelaron los propios ambientalistas en la reunión del 11 de marzo (Reportaje 10), es un documento de la constructora Doppelmayr México sin aval de la Secretaría de Medio Ambiente estatal. El proyecto ejecutivo sigue sin entregarse. Los estudios de movilidad no son públicos. El boletín lo dice en términos jurídicos: todo eso es opacidad que el Acuerdo de Escazú prohíbe.
La pieza más relevante de este amparo no es el instrumento jurídico sino el mapa. Por primera vez el debate deja de hablar de "árboles" en abstracto y nombra ocho sitios específicos: el área verde de la Universidad para Adultos de la BUAP en Reforma Agua Azul, el Parque Benito Juárez, el camellón junto al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec en el Boulevard 5 de Mayo, el parque en 17 Oriente y 16A Sur del Barrio de San Ángel, el Parque Ecológico Revolución Mexicana, el Parque de la Juventud sobre la Diagonal Defensores de la República, las áreas verdes del Boulevard Xonacatepec y el Cerro de Amalucan. Son los espacios que conectan el trazo del cablebús con el territorio vivido de los ciudadanos. Y todos ellos, sostiene el boletín, proveen hábitat a más del 50% de las aves observadas en la ciudad de Puebla, protegidas por la Ley General de Vida Silvestre junto con las especies nativas de flora que serían afectadas. El amparo no se limita a los árboles: incluye fauna silvestre.
El argumento hídrico abre un flanco que el gobierno tampoco ha atendido. El Acuífero Valle de Puebla está sobreexplotado y tiene déficit anual. Los parques, cerros y espacios verdes del trazo del cablebús reducen la presión sobre ese acuífero, ayudan a mitigar inundaciones urbanas y regulan el clima de la ciudad. Retirarlos no solo es una pérdida ecológica: es un agravante de una crisis hídrica ya documentada. El gobierno ha hablado de 10,000 árboles de compensación pero no ha presentado ningún estudio sobre el impacto del proyecto en el acuífero ni sobre los tiempos reales de recuperación de la función de recarga que cumplen los parques existentes. La Ibero Puebla advirtió desde el inicio (Reportaje 07) que las islas de calor generadas por la remoción de arbolado maduro tardan hasta 30 años en mitigarse. El acuífero no tiene plazos más cortos.
El amparo del 11 de marzo también aborda, al menos parcialmente, una pregunta sin respuesta: ¿cuál es la posición de la BUAP? El Seminario Permanente de Investigación "Entramados Comunitarios y Formas de lo Político" del ICSyH-BUAP es un actor institucional universitario, no solo un grupo de ciudadanos. La universidad no firmó institucionalmente, pero una de sus instancias académicas sí. La distinción es relevante porque el gobernador Armenta convocó a la BUAP públicamente en la conferencia del 2 de marzo y los manifestantes la acusaron de omisión. Ahora un seminario de esa misma universidad figura entre los impulsores del amparo que busca detener el proyecto que el gobernador convocó a la BUAP a respaldar.
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