Un grupo de elementos operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla publicó una carta abierta al gobernador Alejandro Armenta denunciando cobros de hasta 50,000 pesos por plaza, cuotas semanales de un millón de pesos y grabaciones que vinculan al Cmdte. Jaime Oropeza González con células del crimen organizado.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El 10 de marzo de 2026, un día después de que el gobernador Alejandro Armenta Mier acusara públicamente que la oposición al cablebús responde a intereses del crimen organizado en el transporte público, personal operativo de su propia Secretaría de Movilidad y Transporte publicó una carta abierta denunciando exactamente eso: vínculos del crimen organizado en el transporte. Solo que no en la oposición. En su propia institución, bajo el mando del Cmdte. Jaime Oropeza González.
El documento, firmado colectivamente por elementos que se mantienen en el anonimato "por temor a represalias", describe una red de extorsión interna con cifras concretas: cobros de entre 40,000 y 50,000 pesos por el otorgamiento de plaza a aproximadamente 350 elementos —lo que proyecta un monto potencial de hasta 17.5 millones de pesos captados de manera ilícita—, cuotas diarias de entre 500 y 1,000 pesos por unidad que el propio documento estima en un millón de pesos semanales, y "cooperaciones" de 1,000 pesos por unidad para cubrir deducibles de seguros que debería absorber la dependencia. El cargo más grave no es económico: la carta señala que el Cmdte. Oropeza González ha sido mencionado en grabaciones de grupos delictivos como proveedor de protección a células criminales. Los firmantes no acompañan las grabaciones al documento, pero su existencia es el elemento que da mayor densidad penal al texto.
Los señalamientos no se detienen en el mando superior. La carta identifica por nombre a cinco personas designadas como "Jefes de Grupo" que, según los denunciantes, carecen de trayectoria policial o perfil jurídico para las funciones que ejercen: Kuri Trujeque, Flavio García, José Luis Márquez —descrito como perfil administrativo—, Juan Carlos "El Quik" y Luis Manuel Sánchez Benavides. A los problemas de mando se suman los de formación: la capacitación del personal fue realizada mayoritariamente en línea, con apenas dos semanas de instrucción presencial en la Academia de Policía Estatal. Y las condiciones laborales: jornadas de 16 a 18 horas diarias con un solo día de descanso cada 15 días, sin marco jurídico ni respaldo institucional cuando el personal sufre agresiones de particulares o del propio transporte público que debería regular.
La conexión con el debate de movilidad que domina la agenda pública de Puebla desde el 1 de marzo no es lateral. El coordinador de gabinete José Luis García Parra anunció el día anterior que el jueves se realizará una mesa técnica entre la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente para definir los alcances del impacto ambiental del cablebús. Esa mesa incluye como parte a la misma secretaría que, según sus propios elementos, opera bajo extorsión interna, mandos sin perfil policial y presuntos vínculos con el crimen organizado. La disfunción institucional que la carta describe es el sustrato sobre el que se construye el nuevo sistema de transporte que el gobierno presenta como transformación histórica de la movilidad poblana.
La estrategia retórica de los firmantes es notable: la carta cierra apelando a los valores que el propio gobernador ha declarado públicamente, con "la firme convicción de que el Gobierno de Puebla... no tolerará actos que vulneren la paz y la honestidad de nuestras instituciones". Es una trampa bien construida: si Armenta actúa, los denunciantes lograron su objetivo; si no actúa, su inacción contradice el discurso que él mismo ha sostenido durante semanas. Las peticiones son tres: intervención del Órgano Interno de Control para investigar el patrimonio de los mandos señalados, destitución y auditoría al Cmdte. Oropeza González y revisión de las condiciones laborales y la estructura jerárquica. Ninguna de las tres requiere que los firmantes se identifiquen para ser procesada; todas requieren que el gobierno las reciba formalmente, lo cual, hasta el cierre de este reportaje, no ha ocurrido de manera pública.
10 de marzo: Personal de su propia Secretaría de Movilidad denuncia que el mando de esa dependencia aparece en grabaciones de grupos delictivos. La misma secretaría que el día anterior fue convocada a la mesa técnica del cablebús.
2. Destitución y auditoría al Cmdte. Oropeza González y su equipo de confianza
3. Revisión de condiciones laborales y estructura jerárquica con capacitación y marco legal adecuados
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