Las comisiones del Senado aprobaron el plan B con 24 votos a favor y 11 en contra. El artículo 35 sobrevivió intacto. El error del 115 se corrigió sin reconocerlo. Colosio: la prohibición de tiempos oficiales no aplica a la mañanera.
CDMX — Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen del plan B el 24 de marzo de 2026 con 24 votos a favor y 11 en contra. El PT que hizo encerrona el lunes por el párrafo que permite a la presidenta promover el voto a su favor durante su propia revocación de mandato votó a favor el martes. El párrafo está en el dictamen. Lo que el PT obtuvo a cambio no está en el comunicado de las comisiones ni en las declaraciones de Mier. El acuerdo que produjo los 24 votos es, en ese sentido, el más opaco de todo el ciclo: visible en su resultado, invisible en su contenido.
El artículo 35 sobrevivió con una modificación que preserva su sustancia. La redacción aprobada en comisiones mantiene el párrafo central —"la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor"— y añade dos restricciones que en apariencia lo equilibran: prohibición del uso de tiempos oficiales y suspensión de propaganda gubernamental en los 60 días anteriores a la jornada. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, nombró con precisión quirúrgica el problema que esas restricciones no resuelven: la prohibición de tiempos oficiales no aplica a la conferencia mañanera de la Presidencia. La presidenta que no puede usar tiempos oficiales para promover su continuidad puede usar la conferencia de prensa diaria con cobertura nacional, transmisión en vivo y audiencia garantizada. La asimetría que esta serie identificó desde el Reportaje 19 sobrevivió al dictamen. Colosio la nombró. El dictamen no la resuelve.
El error aritmético del artículo 115 que Ricardo Anaya documentó el 23 de marzo —el mínimo de 7 regidores que habría obligado a más de 1,000 municipios a crecer— se corrigió en el dictamen sin reconocerlo. La redacción aprobada dice "hasta quince regidurías" sin fijar un mínimo explícito. La palabra "de" que creaba el problema desapareció. El dictamen también añade los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los ayuntamientos —una adición que no estaba en la iniciativa original y que amplía el alcance de la reforma sin ampliar su costo político. La corrección es técnicamente correcta. La ausencia de reconocimiento del error es políticamente conveniente. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo.
Los argumentos de la oposición en comisiones produjeron tres diagnósticos que el dictamen no responde. Anaya del PAN calificó la iniciativa como la más pobre remitida por una presidencia al Senado: se le corrigieron errores de origen y no atiende ni el narcofinanciamiento ni la sobrerrepresentación. La PRI, a través de Claudia Edith Anaya Mota, argumentó que la reforma trastoca los principios republicanos y federalistas de la Constitución y es la imposición de la voluntad de un partido. Colosio de MC fue el más preciso: la restricción de tiempos oficiales en la revocación de mandato no aplica a la mañanera, con lo que la reforma "raya en la simulación y apesta a censura". Los tres diagnósticos son distintos en su énfasis pero convergen en el mismo punto: el dictamen no hace lo que dice que hace.
El dato más revelador del día no está en la votación sino en la declaración con que Mier cerró la jornada. Tras la aprobación en comisiones, el coordinador describió a la presidenta Sheinbaum como "el principal activo del movimiento" y dijo que la obligación de la coalición es "cuidarla y mantener la unidad del movimiento para continuar con la transformación". Es el lenguaje más revelador del ciclo completo: la presidenta de la República es descrita no como la jefa del Estado que presenta una reforma constitucional, sino como el activo electoral de la coalición que hay que proteger de cara a 2027. La reforma que se presentó como un instrumento de austeridad republicana y democracia participativa es, en la descripción de su propio operador legislativo, una pieza de la estrategia electoral de la coalición. No hay contradicción entre ambas lecturas. Hay transparencia involuntaria.
La ruta que queda después de las comisiones tiene tres etapas que ninguna de las cuales está resuelta. El Pleno del Senado —donde la mayoría calificada requiere 86 de los 128 senadores y donde el PT y el PVEM tienen que confirmar que los votos de comisiones se replican en el hemiciclo. La Cámara de Diputados —donde el plan B llega como cámara revisora, con Monreal operando y con los mismos aliados que en el Senado votaron en contra de la primera reforma. Y los congresos estatales —donde se necesita la ratificación de al menos 17 legislaturas y donde el argumento de Coahuila sigue vigente: si los estados ya pueden hacer estos ajustes por sí mismos, ¿para qué la reforma constitucional federal? El dictamen de comisiones es el primer paso de una ruta que todavía tiene tres puertas. El 23 de marzo, el PT hizo encerrona por el artículo 35. El 24 votó a favor. Lo que pasó en el medio no está en el comunicado.
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