El plan B permite a Sheinbaum promover el voto a su favor durante su propia revocación de mandato, empatada con las intermedias de 2027. Pablo Gómez fue excluido como condición de los aliados. El PT y el PVEM protegieron sus prerrogativas nacionales, no locales.
CDMX — La iniciativa presidencial que llegó al Senado el 17 de marzo de 2026 tiene veinte páginas y nueve transitorios. La mayoría de la cobertura se concentró en lo que es visible: el tope del 0.70% para los congresos locales, el máximo de 15 regidores, el recorte del 15% al Senado. Lo que no es visible, porque está redactado en el lenguaje neutro del articulado constitucional, es el párrafo que el exconsejero electoral Marco Baños llamó el primero de una serie de trucos que preocupan. El artículo 35, fracción IX, apartado 3o, añade sin correlativo en el texto vigente: "La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia." La presidenta de la República puede hacer campaña durante su propia revocación de mandato. Y la revocación, según el mismo artículo modificado, se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio —es decir, el mismo día que las elecciones intermedias de 2027.
La operación que el artículo 35 produce merece leerse en sus tres dimensiones simultáneas. La primera es la del instrumento: la revocación de mandato deja de ser un mecanismo de accountability ciudadano para convertirse en una boleta adicional en la jornada del primer domingo de junio de 2027. La segunda es la del sujeto: la persona que puede promover el voto a su favor es la misma que organiza el gobierno federal, controla los programas de transferencia directa y tiene acceso a los tiempos oficiales —aunque la iniciativa prohíbe el uso de recursos públicos y tiempos oficiales en la promoción, la línea entre la presidenta institucional y la presidenta en campaña por su propia continuidad es exactamente la línea que la reforma electoral del 4 de marzo no supo trazar para los partidos. La tercera es la estratégica: Baños documentó que el expresidente López Obrador intentó empalmar la primera revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2021 y no pudo. Sheinbaum lo inscribe en la Constitución antes de que llegue 2027.
El nepotismo regresó. El Decálogo de la Democracia del 25 de febrero lo anunció. El decreto del 4 de marzo lo omitió. El plan B lo reincorpora, pero no donde lo anunció Monreal desde el podio en Puebla. Lo reincorpora en el artículo 115, fracción I, que regula los ayuntamientos: ninguna persona con vínculo de matrimonio, concubinato, parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado colateral con quien ejerce la presidencia municipal puede participar en la elección para presidencia, regidurías o sindicaturas. La prohibición existe en la Constitución vigente para los diputados locales en el artículo 116. Ahora se extiende al nivel municipal. No cubre el Congreso federal. No cubre los gobernadores. Cubre exactamente el nivel donde los aliados cedieron.
El dato más revelador de toda la negociación no está en el articulado sino en un nombre que no aparece en él: Pablo Gómez. El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral —el operador que construyó la primera reforma, que compareció ante comisiones, que defendió el decreto artículo por artículo— fue excluido de las cinco reuniones en que Gobernación, aliados y Morena negociaron el plan B. No se retiró. Los aliados pusieron como condición de su apoyo que dejara de ser interlocutor. La secretaria Rosa Icela Rodríguez condujo la negociación. El ex ministro Arturo Zaldívar asistió por la Comisión. Gómez quedó fuera. El precio de los votos del PT y el PVEM para la segunda reforma incluyó la cabeza política del operador de la primera. Eso no está en ningún comunicado conjunto.
La concesión sobre la consulta popular tiene ahora dos versiones que conviene distinguir. La versión pública es que el gobierno la retiró a petición del PT, que argumentó que la Cámara ya había decidido no recortar el financiamiento a los partidos. La versión que revelan fuentes legislativas es distinta: la redacción que se puso sobre la mesa contenía planteamientos del PT, del PVEM y de Morena que no lograron articularse en un texto coherente, y al final no convenció a la presidenta. No fue una concesión política. Fue un texto que no funcionó. La distinción importa porque cambia quién cedió: en la versión pública, cedió el gobierno. En la versión de fuentes, el texto colapsó por su propia incoherencia. El resultado es el mismo —la consulta no está en la iniciativa— pero la narrativa de quién tiene el control de la negociación es opuesta.
El expresidente del extinto PRD, Jesús Zambrano, produjo la descripción más precisa del intercambio disponible en todo el ciclo: "Ahora que ya salvaron lo suyo, muy mezquinamente, están diciendo: ahora sí vamos. Los aliados dicen: si no me toca el financiamiento y la posibilidad de contar con plurinominales conforme a mi votación, que se jodan los congresos locales." El análisis es quirúrgico. El PT y el PVEM protegieron sus prerrogativas nacionales —el financiamiento que no se toca, las plurinominales que no se modifican— y cedieron en los presupuestos de los congresos locales y los cabildos. Zambrano lo confirmó desde la oposición con la misma precisión que el análisis lo había anticipado.
Los números del Senado que el plan B propone recortar tienen una escala que conviene registrar: el presupuesto de la Cámara alta para 2026 es de 5,100 millones de pesos, equivalente a 39.8 millones por cada uno de los 128 senadores. El recorte del 15% —progresivo en cuatro ejercicios fiscales— produce un ahorro acumulado de aproximadamente 765 millones de pesos al final del periodo. La Cámara de Diputados, con 9,600 millones de presupuesto y 500 legisladores, tiene un costo de 19.2 millones por diputado. El Senado que aprueba su propio recorte lo hace desde una base presupuestal por legislador dos veces mayor que la de sus pares en San Lázaro. El gesto es visible y políticamente útil. La asimetría subyacente permanece.
Lo que el articulado completo del plan B produce, leído en conjunto con las brechas que abre y los nombres que excluye, es un mapa de los límites reales del sistema. La revocación de mandato empatada con 2027 beneficia a quien tiene la boleta de continuidad. El tope del 0.70% a los congresos locales afecta a los aliados regionales que cedieron sus feudos. La prohibición de nepotismo llega al nivel municipal pero no al federal. Pablo Gómez queda fuera como precio de los votos. Y la consulta popular que habría preguntado a la ciudadanía sobre el dinero de los partidos no está en ninguna página de las veinte que firmó Sheinbaum el 17 de marzo. Mier dijo que era un plan que no afecta nada. El artículo 35 sugiere que sí afecta algo: afecta quién tiene boleta propia en junio de 2027.
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