El plan B no es legislación secundaria: Monreal lo confirmó dos veces el 12 de marzo. Son cuatro reformas constitucionales, incluyendo la postergación de la elección judicial al 2028. Los votos del PT y el PVEM: no están garantizados.
CDMX — El 12 de marzo de 2026, en dos entrevistas distintas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador Ricardo Monreal resolvió la ambigüedad que la mañanera de Claudia Sheinbaum había dejado abierta sobre la naturaleza del plan B. Un periodista le preguntó si sería legislación secundaria. "No estamos hablando de leyes secundarias en este momento", respondió. En la segunda entrevista, la pregunta se repitió. "También es reforma constitucional", confirmó. El plan B no es un paquete de leyes ordinarias que puede aprobarse con mayoría simple. Es una reforma constitucional que requiere mayoría calificada. Los mismos votos que no alcanzaron el 11 de marzo.
Los cuatro puntos que Monreal enumeró corrigen y amplían los tres que Sheinbaum describió en la mañanera. El primero: topes presupuestales y de representación a los congresos locales. El segundo: reducción del número de regidores en los ayuntamientos con tope económico. El tercero: ampliación de la revocación de mandato al tercer o cuarto año y apertura de la consulta popular a temas electorales. El cuarto —el que la presidenta no mencionó y que Monreal introdujo casi de pasada— es la postergación de la elección judicial de 2027 al 2028. "Son modificaciones a los transitorios de la Constitución", precisó. Es el punto con mayor densidad política del paquete: mover la fecha de la elección judicial afecta directamente el calendario del proceso electoral del primer domingo de junio de 2027, que es el horizonte central de toda la conversación legislativa de los próximos meses. Que ese punto llegue en el mismo paquete que los topes a los congresos locales no es un accidente de redacción.
La reunión en Palacio Nacional que el Reportaje 12 de esta serie describió como la Noche Triste duró más de lo que las primeras declaraciones sugerían. Sheinbaum concluyó su participación alrededor de las 9:30 o 10 de la noche. Monreal, los coordinadores de la mayoría legislativa en ambas cámaras, y la Secretaria de Gobernación, continuaron trabajando hasta las 2 de la madrugada. Seis horas en total con Morena, PT y PVEM en la misma sala. El plan B que Sheinbaum presentó en la mañanera del 12 no se improvisó esa mañana. Se construyó la noche anterior mientras las mantas con los rostros de legisladores del PT y el PVEM aparecían en puentes peatonales de Oaxaca con la leyenda "traidores a la patria".
La operación política del 12 de marzo tiene dos palancas que conviene leer juntas. La primera es la narrativa de la "generosidad": Monreal usó la palabra al menos seis veces en sus declaraciones del día. "Observé de la presidenta un gesto de generosidad para los aliados". "Con un buen tacto político, de alto nivel, los invitó a sentarse a la mesa." "Yo no había visto presidentes que estuvieran molestos y ni siquiera les abrirían las puertas." La repetición no es retórica accidental. Es una operación de presión codificada como elogio: si Sheinbaum fue generosa al convocarlos el mismo día que la derrotaron, rechazar el plan B tiene un costo político preciso. No es ingratitud abstracta. Es quedar del lado equivocado de una narrativa que la presidenta controla y que Monreal amplifica.
La segunda palanca son las mantas en Oaxaca. Monreal fue preguntado directamente: "¿Se vale que cuando los están invitando a reconciliarse les llamen traidores y los exhiban?" Respondió: "No lo sé, yo no expreso ningún tipo de eso, pero vamos a ver qué sucede." La respuesta es en sí misma una respuesta: el coordinador que durante una semana administró la derrota con eufemismos no desautorizó las mantas. No las condenó. Las dejó en el espacio político como presión difusa, desmarcándose de ellas sin desactivarlas. La generosidad de arriba y las mantas de abajo son los dos extremos de la misma tenaza.
El obstáculo constitucional que la cobertura del día no procesó con suficiente claridad fue señalado por un periodista en la primera entrevista y esquivado por Monreal con una frase de respaldo general: una reforma constitucional que impone topes a los congresos locales y reduce regidores en los ayuntamientos no solo requiere mayoría calificada en San Lázaro. Requiere ratificación de la mayoría de los congresos estatales. Es el mismo problema que hundió la reforma del 4 de marzo, reproducido en otra escala y con actores distintos. La diputada Luz Elena Morales, presidenta del congreso local de Coahuila, lo formuló con precisión quirúrgica: "Me preocupa el tema de la división de poderes. Cómo se pretende hacer una reforma que pueda impactar a los ayuntamientos tendría que ser una reforma constitucional, pero no tiene la mayoría." Coahuila dice que no le afecta porque su congreso ya es austero. Y que de todas formas no tienen los votos.
Los votos son el problema que Monreal no resolvió en ninguna de las dos entrevistas. "Yo nunca garantizo votos, nunca. Trabajo la construcción de acuerdos, pero no puedo decir ya estamos tantos." El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, ya puso condiciones públicas: si todo se resuelve por consulta popular, para qué sirven los parlamentos. El PVEM —cuyo coordinador en el Senado, Manuel Velasco, estuvo en la reunión de Palacio Nacional hasta la madrugada— anunció que podría impugnar el plan B. Monreal dijo que no sabía nada de eso. Lo que sí sabe —y dijo— es que "puede haber de todo en la viña del señor" y que el resultado de la siguiente votación es tan incierto como lo fue el del 11 de marzo antes de que se emitiera el primer voto.
El plan B tiene un nombre más preciso que el que la narrativa oficial le ha dado: es una segunda reforma constitucional que requiere los mismos votos que no llegaron, construida en una reunión de seis horas la noche de la derrota, presentada como gesto de generosidad hacia los aliados que la causaron, y que incluye —entre sus cuatro puntos— la modificación del calendario electoral judicial que nadie en la oposición pidió y que beneficia directamente la gestión del proceso electoral de 2027. La presidenta dijo que si no pasa, no pasa nada. Monreal dijo que seguirán sin titubear. Ambos dijeron, en distintas palabras, la misma cosa: la dirección no cambia aunque los votos no alcancen.
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