La iniciativa del Plan B en materia electoral permitiría que la presidenta Claudia Sheinbaum difunda el proceso de revocación de mandato y promueva el voto a su favor, aunque mantiene restricciones sobre el uso de recursos públicos.
CDMX — La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea un cambio sustancial en el diseño de la revocación de mandato, al permitir que la persona titular del Ejecutivo federal pueda participar activamente en la difusión del proceso e incluso promover el voto a su favor.
El proyecto, recibido este martes en el Senado de la República, propone modificar el artículo 35 de la Constitución bajo el argumento de “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato”. En su nueva redacción, se establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.
Este ajuste representa un giro respecto al modelo vigente, en el que la revocación de mandato se concibe como un mecanismo de participación ciudadana con límites estrictos para evitar la intervención del gobierno en su promoción.
Restricciones y alcances
A pesar de abrir la puerta a la participación del Ejecutivo, la iniciativa mantiene ciertas prohibiciones:
- No se permitirá el uso de recursos públicos para la recolección de firmas.
- Queda prohibido el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda para promover el proceso.
- Se establece una veda de 60 días previos a la jornada, durante la cual deberá suspenderse toda propaganda gubernamental.
No obstante, especialistas y fuentes legislativas advierten que la sola participación de la titular del Ejecutivo podría generar un desequilibrio en el proceso, al influir en la narrativa pública y en la intención del voto.
El proyecto también contempla modificaciones en los tiempos del mecanismo. La solicitud de revocación podría realizarse entre el segundo y tercer año de gobierno, mientras que la consulta se llevaría a cabo el primer domingo de junio.
Este ajuste abre la posibilidad de que el ejercicio coincida con procesos electorales, lo que ha generado críticas sobre un eventual uso político del mecanismo y su integración estratégica al calendario electoral.
El debate sobre la reforma se anticipa intenso en el Senado de la República, donde se discutirán los alcances de una propuesta que redefine el papel del Ejecutivo en uno de los instrumentos clave de democracia participativa en México.
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