El plan B que prometía ahorrar en cabildos podría aumentar regidores en más de 1,000 municipios. El PT se rebeló por la fecha de la revocación. El calendario de Semana Santa se rompió. Nuevo plazo: 30 de abril o mayo en extraordinario.
CDMX — Este lunes se registró el argumento técnico más demoledor de todo el ciclo de la reforma electoral y vino de la oposición. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, hizo la aritmética que el gobierno no hizo públicamente antes de presentar la iniciativa. El artículo 115 del plan B fija un rango de 7 a 15 regidores por municipio. En México hay 2,469 municipios. Solo 59 tienen más de 15 regidores —los únicos que la reforma recortaría. Más de 1,000 tienen menos de 7 —los que la reforma, al establecer un mínimo, obligaría a crecer. El plan B que prometió ahorrar en cabildos no ahorra en cabildos. En términos netos, puede costar más.
El error tiene historia. La presidenta Sheinbaum aclaró el mismo día que la reforma no obliga a todos los municipios a llegar a 15: si un municipio ya tiene menos regidores, no puede aumentar. La aclaración resuelve el extremo superior del problema pero no el inferior. El artículo 115 del decreto establece un rango "de siete hasta quince regidurías". La palabra "de" implica un mínimo. Si el mínimo constitucional es 7, los más de 1,000 municipios que hoy tienen menos de 7 regidores tendrían que ajustarse hacia arriba para cumplir la Constitución. El gobierno no respondió ese cálculo con precisión. La revisión técnica que tiene paralizado el dictamen desde el domingo incluye exactamente esa inconsistencia. El dictamen que iba a circular el lunes no circuló porque el texto tiene un problema que los propios redactores no habían terminado de resolver.
El PT se rebeló por el artículo 35. No por técnica legislativa general —eso es la cobertura oficial del retraso. El dirigente Alberto Anaya salió del Senado junto a Mier y dijo en segundos lo que todo el ciclo de negociación había evitado nombrar con claridad: "El tema de debate de fondo es el tema de la fecha." La fecha de la revocación de mandato empatada con las elecciones de 2027. Y el párrafo que permite a la presidenta difundir el proceso y promover el voto a su favor durante ese ejercicio. El PT que el 16 de marzo firmó apoyo total al plan B reculó al leer la redacción final. El mismo partido que en la negociación del fin de semana dijo estar de acuerdo llegó al Senado el 23 de marzo con Anaya, Geovanna Bañuelos y Benjamín Robles en encerrona. Dos horas antes de que comenzara, dos miembros del equipo redactor de Gobernación habían llegado al Senado. La negociación que Mier describió como concluida el 13 de marzo sigue abierta.
El calendario de Semana Santa que Mier prometió el 17 de marzo se rompió sin anuncio formal. Lo que hubo en su lugar fueron dos declaraciones que reencuadran el plazo sin reconocer la ruptura. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, abrió la válvula con precisión quirúrgica: la reforma puede aprobarse hasta el 30 de abril en periodo ordinario o en mayo durante un periodo extraordinario. El plazo real para que entre en vigor en 2027 es el 30 de mayo. Semana Santa no era un plazo constitucional. Era una promesa de velocidad. La promesa no se cumplió. El plazo real sigue vigente. La diferencia entre ambos es de aproximadamente seis semanas que la negociación con el PT acaba de necesitar.
Monreal agotó la narrativa de la generosidad. El coordinador que durante diez días describió a Sheinbaum como generosa por invitar a los aliados que la derrotaron, que les expresó respeto y confianza, que los llamó veredas incidentales, llegó al 23 de marzo con una frase que cierra ese registro: "Ya están bastante grandecitos para poder asumir seriamente." No es un insulto. Es la señal de que el crédito político de la generosidad se agotó y que el PT tiene ahora que explicar públicamente por qué el compromiso firmado el 16 de marzo no se traduce en votos. Monreal no descalifica. Transfiere la carga de la explicación. Es la misma técnica que Sheinbaum usó el 11 de marzo cuando dijo que ella cumplió y que el resultado era responsabilidad de los legisladores.
La Coparmex sumó una voz que el debate en comisiones no puede ignorar sin costo. La carta dirigida a todos los senadores —incluida la presidenta de la Mesa Directiva— no ataca el contenido del plan B punto por punto. Formula la postura más sofisticada disponible desde el sector privado: "La mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral en este momento." El argumento no es que el plan B sea malo. Es que el país no debería estar discutiendo esto mientras enfrenta presiones externas —aranceles, migración, seguridad— que requieren certeza jurídica e institucional. Es el mismo marco que Monreal introdujo el 14 de marzo como argumento a favor de la reforma: la unidad frente al exterior. La Coparmex lo invierte: precisamente porque hay presiones externas, este no es el momento para cambiar las reglas del juego democrático.
Lo que el 23 de marzo produce, en conjunto con los movimientos de la semana, es el mapa más claro disponible del estado real del plan B. El artículo 115 tiene un error aritmético que el dictamen no ha resuelto. El artículo 35 tiene un párrafo que el PT no firmará sin modificación. El calendario de Semana Santa se rompió sin anuncio. El nuevo plazo es el 30 de abril o mayo. Los votos del PT —necesarios para la mayoría calificada— siguen sin amarrarse. Y el dictamen que iba a circular el lunes no circuló porque el texto tiene problemas que los redactores de Gobernación siguen resolviendo en el Senado mientras la encerrona petista transcurre en el mismo edificio. Mier dijo que era un plan que no afecta nada. El 23 de marzo demostró que afecta todo lo que importa: el calendario, la coalición y la aritmética.


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