El presidente Pedro Sánchez reafirmó el “no a la guerra” tras las críticas de Donald Trump por negar el uso de bases en España para atacar a Irán. Desde La Moncloa, defendió la legalidad internacional y evocó la invasión de Irak de 2003.
Madrid, España — El choque entre Madrid y Washington se intensificó este miércoles cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con un “no a la guerra” a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la negativa a permitir el uso de bases aéreas en España para operaciones contra Irán. La declaración institucional se realizó en el Palacio de La Moncloa, un día después de que Trump calificara la postura española como “terrible”.
Sánchez recuperó el eslogan que marcó las multitudinarias protestas contra la invasión de Irak en 2003, cuando el entonces gobierno de José María Aznar respaldó a Estados Unidos. “La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”, afirmó. Añadió que España no será “cómplice de algo que es malo para el mundo”, aunque ello implique afrontar presiones externas.
Sin mencionar directamente a Trump, el mandatario socialista criticó a los dirigentes que, en su opinión, utilizan el “humo de la guerra” para encubrir fracasos internos y beneficiar intereses particulares. El mensaje se produce en un contexto político delicado, a un año de las elecciones generales, y se suma a desacuerdos previos con Washington, como la negativa española a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, tal como reclama la actual administración estadounidense a los socios de la OTAN.
El presidente español también estableció paralelismos con la guerra de Irak. Recordó que aquella intervención, lejos de estabilizar la región, desencadenó una expansión del terrorismo yihadista, tensiones migratorias en el Mediterráneo oriental y un alza sostenida de los precios energéticos. Con esa evocación, buscó subrayar los riesgos de repetir decisiones militares sin consenso multilateral.
El trasfondo inmediato es la solicitud de Estados Unidos para emplear instalaciones estratégicas en territorio español en el marco de la ofensiva contra Irán. El Ejecutivo sostiene que cualquier operación debe ajustarse a la legalidad internacional y contar con respaldo de la comunidad global. La posición española marca distancia frente a la estrategia estadounidense y redefine el equilibrio diplomático dentro de la alianza atlántica en un momento de alta volatilidad regional.
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