La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló reformas en Nayarit, Durango y Guerrero por contravenir el modelo federal, fijando criterios para la elección judicial de 2027 y el diseño de los poderes judiciales locales.
CDMX — El rediseño del sistema judicial en México entró en una fase de definición nacional luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara diversas reformas constitucionales estatales por no ajustarse al modelo federal, en una resolución que marca la ruta hacia la elección judicial prevista para 2027.
Durante la sesión del Pleno, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el máximo tribunal estableció límites claros a la libertad normativa de los estados. En el caso de Nayarit, la Corte invalidó el esquema que proponía un Comité Estatal único para evaluar candidaturas judiciales, al considerar que contraviene el diseño constitucional. “No puede haber un Comité Único de Evaluación, tiene que haber tres Comités”, sostuvo el ministro presidente, al subrayar que cada poder debe contar con su propio órgano evaluador.
Además, el Pleno determinó que el Congreso local incurrió en omisiones al no incorporar mecanismos como la insaculación y la paridad de género, elementos obligatorios en el nuevo modelo judicial. Estas disposiciones son fundamentales para garantizar la integración equilibrada de listas de aspirantes, que deben oscilar entre seis y diez personas por cargo.
En el análisis de la reforma de Durango, la Corte invalidó normas que extendían a nueve años el periodo de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, cuando la Constitución federal establece un límite de seis años. También anuló la disposición que permitía sesiones privadas en el Tribunal Superior de Justicia. “Todo tiene que resolverse a puertas abiertas y de cara a la ciudadanía”, enfatizó Aguilar Ortiz, al destacar el principio de publicidad como eje del sistema judicial.
Respecto a Guerrero, el tribunal invalidó el mecanismo excepcional previsto para 2027 para designar la presidencia del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, al no ajustarse a los parámetros federales. No obstante, validó otras disposiciones como el uso de la insaculación para resolver empates y el establecimiento de límites salariales para magistraturas, siempre que no superen los ingresos del titular del Ejecutivo federal.
Las resoluciones derivan de acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González. En conjunto, los fallos reafirman que, aunque las entidades federativas pueden adaptar sus sistemas judiciales, deben hacerlo en estricta concordancia con la Constitución.
Con estas decisiones, la Corte fija criterios obligatorios que impactarán directamente en la organización de los poderes judiciales locales y en el proceso electoral judicial de 2027, consolidando un modelo nacional que privilegia la legalidad, la transparencia y la paridad en la designación de juzgadores.
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