La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó revisar la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador en México, tras una enmienda constitucional que impide impugnar cambios a la Carta Magna, cerrando la vía legal interna.
CDMX — La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no analizar la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que existe una prohibición constitucional expresa para revisar modificaciones a la Carta Magna.
La decisión se produjo tras solicitudes presentadas por jueces y magistrados, quienes argumentaron que la reforma implicó un posible conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en detrimento del Poder Judicial, afectando la división de poderes y la independencia judicial. Sin embargo, el pleno de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Lenia Batres, que planteó dejar sin materia dichos recursos.
La ministra ponente sostuvo que la improcedencia de las solicitudes deriva de la reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024, la cual establece la inimpugnabilidad de las adiciones o cambios a la Constitución. En ese sentido, subrayó que el máximo tribunal actúa como garante del orden constitucional, pero no como un mecanismo para invalidar la propia norma fundamental.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía coincidió en que los recursos quedaron superados por la entrada en vigor de esta restricción, aunque advirtió que no debe ignorarse la decisión previa de la anterior integración de la Corte que había admitido el análisis. En la misma línea, la ministra Yasmín Esquivel respaldó desechar la consulta, al considerar que la reforma ya fue ejecutada tras la elección de jueces, magistrados y ministros.
Al posicionamiento se sumaron los ministros Arístides Guerrero García y Loretta Ortiz Ahlf, quienes coincidieron en la necesidad de reconocer antecedentes procesales. Por su parte, Lenia Batres defendió que la nueva integración del tribunal tiene facultades para reinterpretar el marco jurídico vigente.
Con esta resolución, se agotan las vías legales internas para cuestionar la constitucionalidad de la reforma judicial, dejando como único recurso los procesos en curso ante el sistema interamericano de derechos humanos.
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