En 2018, los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt publicaron How Democracies Die, un libro que describía con precisión clínica cómo los gobiernos democráticamente electos desmantelan las instituciones que los controlan sin necesidad de golpes de Estado, tanques ni constituciones suspendidas. El mecanismo, documentado en docenas de casos en América Latina, Europa del Este y Asia, opera siempre con la misma lógica: captura gradual, por eslabones, dentro de las reglas. Primero el ejecutivo. Luego el legislativo. Después el judicial. Enseguida los órganos autónomos. Luego el árbitro electoral. Al final, los medios de comunicación. Cada paso se presenta como una reforma necesaria, una corrección histórica, una demanda popular. Ninguno, visto en aislamiento, parece definitivo. Vistos en secuencia, describen un modelo.
México lleva cuatro eslabones completados. La reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum entregó al Congreso de la Unión el 4 de marzo de 2026 es el quinto. Y el coordinador parlamentario Ricardo Monreal, sin proponérselo, ya está hablando del sexto cuando menciona la regulación de los medios de comunicación como uno de los temas que la reforma electoral "toca en una de sus disposiciones" y que hay que llegar a regular "pronto".
El primer eslabón: el ejecutivo. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 por la vía electoral con una mayoría que no requirió negociación. La concentración de decisiones en la figura presidencial —las conferencias mañaneras como tribunal de reputaciones, la designación directa de operadores en dependencias clave, la subordinación de la tecnocracia a la lealtad política— no violó ninguna norma escrita. Fue la colonización del ejecutivo por un proyecto político que encontró en las instituciones del Estado su instrumento natural de operación. Claudia Sheinbaum heredó ese ejecutivo consolidado y lo profundizó con una mayoría calificada que su predecesor nunca tuvo.
El segundo eslabón: el legislativo. La elección de junio de 2024 —con la sobrerrepresentación— entregó a Morena y sus aliados una mayoría calificada en ambas cámaras: más de dos tercios en Diputados y en el Senado. Es la primera vez desde el fin del sistema de partido hegemónico que un solo bloque político controla el Congreso con capacidad de reformar la Constitución sin negociar con la oposición. La reforma electoral que hoy está en comisiones busca, entre otras cosas, consolidar esa mayoría para los ciclos de 2027 y 2030 —como el propio Monreal reconoció hoy 5 de marzo.
El tercer eslabón: el judicial. En septiembre de 2024, el Congreso aprobó la reforma al Poder Judicial que estableció la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. El argumento fue la democratización de un poder históricamente opaco y corporativo. El efecto estructural es diferente: en un sistema donde el partido dominante tiene la mayor capacidad de movilización territorial y financiamiento de campaña, la elección popular de jueces no los independiza del poder político —los hace dependientes del partido que puede elegirlos. El Poder Judicial autónomo, con toda su corrupción histórica, era también el árbitro de última instancia frente al ejecutivo. Ese árbitro ahora se elige en las mismas condiciones asimétricas que cualquier otro cargo.
El cuarto eslabón: los órganos autónomos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales —INAI— fue suprimido. El Instituto Federal de Telecomunicaciones —IFT— y la Comisión Federal de Competencia Económica —Cofece— fueron absorbidos o reducidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue intervenida. Estos organismos fueron diseñados precisamente para operar fuera del ciclo político: su función era controlar al poder desde una posición no sometida a la lógica electoral. Su desaparición o debilitamiento no generó una crisis institucional visible —cada supresión fue presentada como ahorro presupuestal, como combate a la corrupción o como corrección de organismos que habían fallado a los ciudadanos. El resultado acumulado es que el Estado mexicano tiene hoy significativamente menos contrapesos autónomos que hace una década.
El quinto eslabón: el árbitro electoral. La reforma que hoy se debate en el Congreso no suprime al INE. No lo interviene directamente. No designa a sus consejeros por decreto. Lo que hace es más sutil y, en la lógica del modelo, más eficiente: le recorta el financiamiento, le fija topes salariales, le elimina la función de educación cívica, le reduce los tiempos en medios que administra, le exige coordinarse con las fuerzas de seguridad para el registro de candidaturas y deja sin regular el ecosistema informal —los servidores de la nación, los programas de transferencia directa, la red de operadores territoriales— que es donde realmente se construye la ventaja electoral antes de que el árbitro entre en escena. No es la captura del árbitro por asalto. Es su vaciamiento por diseño.
El politólogo Milan Svolik, en su obra The Politics of Authoritarian Rule y en trabajos posteriores sobre polarización y erosión democrática, documentó que la característica definitoria de este modelo no es la violencia ni la supresión formal de derechos: es la creación de condiciones en las que la competencia electoral continúa pero sus resultados están predeterminados por asimetrías estructurales acumuladas. Las elecciones no desaparecen. Los partidos de oposición no son ilegalizados. Los tribunales siguen operando. Pero el terreno en el que todo eso ocurre ha sido nivelado en una sola dinclinación, eslabón por eslabón, reforma por reforma.
El sexto eslabón: los medios. No está en la iniciativa del 4 de marzo, pero sus contornos ya son visibles. La regulación del contenido electoral en plataformas digitales —etiquetado obligatorio de contenido alterado con inteligencia artificial, responsabilidad de las plataformas por contenido no etiquetado, ley secundaria pendiente que definirá "responsabilidades, medidas y sanciones"— establece en la Constitución el andamiaje para una regulación más amplia. Monreal lo dijo con precisión el 5 de marzo: la industria de la radio y la televisión "se beneficiarían en una de las disposiciones" de la reforma —la reducción de tiempos electorales obligatorios libera minutos comerciales— y la regulación de la inteligencia artificial en medios es un tema al que hay que llegar "pronto". El beneficio a la industria y la regulación del contenido son los dos lados de una negociación que todavía no tiene texto pero que ya tiene interlocutores.
La pregunta que el modelo comparado obliga a formular no es si Morena es autoritaria. Es una pregunta que el texto del decreto no puede responder porque se refiere a intenciones. La pregunta que sí puede responderse con los datos disponibles es otra: ¿en qué punto de la secuencia estamos y qué queda por recorrer? Cuatro eslabones completados, el quinto en trámite legislativo y el sexto ya nombrado por el propio coordinador parlamentario. En adelante, el modelo de captura no requiere que nadie lo admita para que funcione. Requiere solamente que cada paso parezca razonable, en capas —como un pastel—, y que nadie disienta en voz alta. Esta columna ya lo hace.
| Eslabón | Mecanismo usado en México | Estado |
|---|---|---|
| 1. Ejecutivo | Mayoría electoral + colonización del Estado sin violación de normas | Completado |
| 2. Legislativo | Mayoría calificada 2024 + reforma electoral que consolida ventaja para 2027-2030 | Completado / en consolidación |
| 3. Judicial | Elección popular de jueces — independencia formal, dependencia estructural | Completado — sep. 2024 |
| 4. Órganos autónomos | INAI suprimido, IFT y Cofece reducidos, CNDH intervenida | Completado — 2023/2025 |
| 5. Árbitro electoral | Vaciamiento del INE por recortes, derogaciones y ecosistema informal sin regular | En trámite — mar. 2026 |
| 6. Medios | Andamiaje constitucional de regulación de IA + negociación con industria | Nombrado — sin decreto |
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