La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el viernes previo a Semana Santa el reporte de personas desaparecidas que prometió en marzo de 2025. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay 130,178 desaparecidos activos entre 2006 y 2026. Sin embargo, el gobierno fragmentó la cifra en tres categorías, reconociendo como “desaparecidos sin datos” solo a 46,742.
CDMX — Según la información expuesta en Palacio Nacional, otros 40,308 tienen “actividad posterior” sin paradero confirmado, y 43,128 están “sin actividad a la fecha”. Mientras tanto, 72,000 cadáveres permanecen sin identificar en servicios forenses.
El timing lo dice todo. Después de prometer en marzo de 2025 que el reporte de personas desaparecidas estaría listo en “15 días”, la presidenta Claudia Sheinbaum esperó exactamente un año para cumplir. La fecha elegida, un viernes previo a Semana Santa, no fue casualidad. Es el momento en que la agenda pública se diluye, los periodistas comienzan a desconectarse y las noticias incómodas se entierran con la complicidad del calendario. Si hay un manual de “cómo tapar el sol con un dedo”, este capítulo merecería un lugar destacado.
Pero no fue solo la fecha. El verdadero ejercicio de administración de la crisis llegó con los números. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con corte al 26 de marzo de 2026, existen 130,178 personas desaparecidas activas entre 2006 y 2026. Sin embargo, el gobierno decidió fragmentar esta cifra en tres categorías que, en los hechos, desarman la magnitud del problema. 46,742 casos fueron clasificados como “datos insuficientes”, es decir, registros sin información completa para iniciar una búsqueda efectiva. 40,308 corresponden a personas que tuvieron alguna actividad posterior a su reporte de desaparición —vacunarse contra Covid, casarse, realizar trámites— aunque su paradero actual sigue sin ser confirmado. Y 43,128 están registrados como “sin actividad a la fecha”, la categoría que más se acerca a la definición tradicional de persona desaparecida. Sumados, son 130,178. Pero la presentación oficial logró que la percepción pública se redujera a los 46,742 de la primera categoría.
La operación aritmética tiene un agujero que las familias de desaparecidos conocen bien: tener un registro administrativo posterior no equivale a estar localizado. Los 40,308 casos con “actividad posterior” siguen sin prueba de vida confirmada. La propia presidenta lo admitió cuando explicó que “estamos buscándolos para encontrar la prueba de vida”. Son personas que el gobierno presume con vida, pero no puede demostrarlo. Sus familias, mientras tanto, siguen esperando. El otro tercio, los 43,128 casos sin actividad posterior, enfrenta un destino aún más opaco: de ellos, apenas 3,869 cuentan con carpeta de investigación o averiguación previa. El resto, más de 39 mil personas, ni siquiera tienen una investigación formal abierta.
La contradicción más brutal no aparece en la tabla oficial, pero atraviesa cada uno de sus números. Mientras el gobierno reduce su reconocimiento de desaparecidos activos a 46,742 —los de “datos insuficientes”—, los servicios forenses del país resguardan 72,000 cadáveres sin identificar. ¿Cómo es posible que existan 72,000 cuerpos sin nombre y solo 46,742 desapariciones reconocidas como tales? La respuesta es escalofriante: miles de familias llevan años buscando a sus seres queridos mientras el Estado mantiene sus casos en un limbo administrativo que no los considera desaparecidos, no los investiga y no los vincula con los cuerpos que acumula en sus neveras. La propia imagen oficial muestra que, de los 262,111 casos localizados en toda la serie histórica, solo 21,900 fueron encontrados sin vida. Esa cifra, por sí sola, confirma que el hallazgo de cuerpos identificados está muy por debajo de las desapariciones activas, pero no explica los 72,000 cuerpos que esperan en las morgues sin que nadie pueda decir su nombre.
La conferencia matutina donde Sheinbaum y su gabinete presentaron los datos tuvo el tono de quien entrega un trámite cumplido. Pero lo que quedó al descubierto es un sistema diseñado para administrar cifras en lugar de resolver vidas. Prometer un reporte en 15 días y entregarlo un año después, hacerlo en la fecha más conveniente para evitar reflectores y fragmentar los números hasta que la tragedia parezca menor son las marcas de una estrategia que prioriza el control de la narrativa por encima del derecho de las víctimas a la verdad. Las familias no buscan tercios ni categorías. Buscan a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Y mientras el gobierno juega con las cifras, 130,178 registros de desaparición esperan justicia y 72,000 cuerpos sin identificar esperan ser devueltos a quienes los buscan.
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