Tribunal Colegiado determinó que no hay pruebas suficientes de daño ambiental por Cablebús. El gobernador Alejandro Armenta resta importancia a los amparos y presentó un argumento nuevo sin sustento técnico publicado. El litigio de fondo continúa.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — Un Tribunal Colegiado Administrativo descartó este viernes la suspensión definitiva contra el Sistema de Movilidad por Cable al determinar que no hay pruebas suficientes de daño ambiental. Es la primera resolución judicial documentada en el conflicto por el cablebús. El proyecto sigue en marcha. La presentación pública de estudios queda confirmada para el 31 de marzo.
La resolución llega mientras los ambientalistas que ese mismo día salieron de una reunión con la SMADSOT declararon que "todavía no existe un resolutivo de manifestación de impacto ambiental" del proyecto. El tribunal no encontró pruebas suficientes de daño; los ambientalistas argumentan que sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) el proyecto es jurídicamente inviable. Ambas afirmaciones son simultáneas y se refieren al mismo vacío documental.
Armenta minimiza, compara y anuncia tecnología japonesa
La tarde de este viernes, el gobernador Alejandro Armenta Mier fue cuestionado sobre el amparo. Respondió comparando: en la Ciudad de México hubo 19 amparos contra el cablebús local, también en Michoacán y en el Estado de México. "Son procedimientos y nosotros somos respetuosos", declaró.
Armenta reiteró que su gobierno respeta el derecho a promover amparos y que cumplirá con la ley. Luego introdujo un argumento nuevo: los árboles afectados por el proyecto no serán talados sino trasplantados con tecnología japonesa. No precisó en qué consiste esa tecnología, qué empresa o institución la aplicaría, cuántos ejemplares serían trasplantados ni cuál es la tasa de supervivencia documentada del método.
El gobernador también reconoció que "aún se está terminando de detallar todo el proyecto" y que en próximos días su gobierno dará la información completa. Es la misma formulación que usa desde el inicio del conflicto, ahora dicha el día en que el Tribunal Colegiado resolvió a favor del proyecto y tres días antes de la fecha en que García Parra prometió presentar los estudios.
Lo que sigue procesalmente
La negativa de la suspensión definitiva no cierra el litigio. Los quejosos pueden continuar el amparo en su fondo, es decir, en la discusión sobre si el proyecto viola derechos ambientales, independientemente de que no se haya otorgado la medida cautelar. El amparo interpuesto el 11 de marzo por NODHO y el Seminario ICSyH-BUAP invocando el Acuerdo de Escazú sigue activo. La estrategia jurídica del movimiento no se agota en la suspensión.
El 31 de marzo es ahora la fecha más cargada del conflicto: el gobierno presenta estudios que la SMADSOT reconoció este viernes que aún no existen en forma de MIA, mientras el proyecto avanza sin esa resolución y el litigio continúa en los tribunales.
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