Tribunal Electoral avaló decisión del INE de cerrar la investigación contra Pío López Obrador y David León por presunto financiamiento ilícito a Morena. La resolución se dio tras cinco años sin pruebas concluyentes entre 2015 y 2018.

CDMX — La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, sin discusión y por unanimidad, la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cerrar la investigación contra Pío López Obrador y David León, señalados por presunto financiamiento irregular a Morena en años previos al ascenso del partido al poder.

El fallo ratificó el acuerdo emitido el 21 de agosto por el INE, que concluyó, tras cinco años de indagatorias, que no existían elementos suficientes para acreditar el desvío de recursos. Durante la sesión, el secretario encargado de exponer el proyecto —elaborado por la magistrada Mónica Soto— evitó incluso mencionar a los implicados y al partido político, en una presentación que se limitó a los aspectos técnicos del expediente.

El caso se originó a partir de la difusión de videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos de manos de David León. Sin embargo, la autoridad electoral determinó que no se acreditó que dichos recursos constituyeran financiamiento ilícito destinado a Morena entre 2015 y 2018.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales resolvió no ejercer acción penal al considerar que los materiales videográficos presentaban alteraciones, por lo que no podían constituirse como prueba plena. A ello se sumó que, durante las audiencias, los involucrados negaron la comisión de cualquier irregularidad.

La impugnación presentada por el diputado del PAN, Federico Döring, fue declarada infundada. La sentencia subraya que “la autoridad responsable fue exhaustiva y valoró todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes”, así como las recabadas por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Con esta resolución, el Tribunal Electoral cierra un caso que durante años alimentó el debate público sobre el financiamiento político ilícito en México, sin que se acreditaran responsabilidades administrativas o penales en contra de los señalados.

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