El presidente Donald Trump advirtió que podría desplegar agentes de ICE en aeropuertos ante el bloqueo presupuestal que mantiene sin pago a personal de TSA. La medida surge en medio de la disputa en el Congreso por fondos del DHS.
EE.UU. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría recurrir al despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos del país, ante la falta de pago a trabajadores de seguridad derivada de un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso. La declaración se produce en un contexto de tensiones políticas entre demócratas y republicanos por el financiamiento del Departamento de Seguridad Interior (DHS).
Desde el 14 de febrero, los recursos para el DHS permanecen congelados, lo que ha impactado directamente en la operación de los controles aeroportuarios. Miles de empleados federales se encuentran en desempleo técnico, mientras que otros, considerados esenciales, continúan laborando sin recibir salario. Entre ellos se encuentran cerca de 65 mil trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes no han percibido su pago completo desde el 13 de marzo.
La falta de recursos ha derivado en largas filas en los puntos de revisión de seguridad en aeropuertos, lo que ha generado presión sobre el sistema de transporte aéreo. En este escenario, el mandatario planteó una alternativa operativa en caso de que no se liberen los fondos. “Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca”, escribió en su red social.
El conflicto presupuestal se centra en desacuerdos legislativos sobre las políticas y prácticas del ICE, lo que ha impedido alcanzar un acuerdo para restablecer el financiamiento. Esta situación ha mantenido en incertidumbre a miles de trabajadores federales, al tiempo que complica la operación regular de servicios considerados estratégicos para la movilidad y seguridad nacional.
La advertencia del presidente se suma a la presión política para destrabar las negociaciones en el Congreso, en un contexto donde la seguridad aeroportuaria y las condiciones laborales de los empleados federales se han convertido en puntos críticos del debate público en Estados Unidos.
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