El gobernador Alejandro Armenta admitió encriptadamente que su fiscal está "aprendiendo" en caso de doble homicidio con tortura: "Yo le voy al Puebla, aunque aprenda". Tlaxcala acusó a Idamis Pastor de dar "información falsa". El coordinador de Gabinete García Parra negó que la fiscal afirmara delincuencia organizada en el caso Ruiz

Puebla de Zaragoza, Puebla. — El gobernador Alejandro Armenta admitió de manera encriptada lo que todos dicen en voz baja: su fiscal general está aprendiendo sobre la marcha en el caso del matrimonio Alexandro Tello y Karina Ruiz, asesinados después de ser torturados mientras estaban maniatados. "Yo le voy al Puebla aunque aprenda", declaró cuando la reportera le preguntó sobre las acusaciones del gobierno de Tlaxcala contra Idamis Pastor Betancourt. La frase a manera de broma futbolera es admisión devastadora: apoya a su fiscal aunque esté aprendiendo a serlo, aunque cometa errores que otro gobierno califica como "información falsa". No es defensa institucional basada en resultados. Es lealtad política que admite inexperiencia pero la defiende porque reconocer el error de la fiscal sería reconocer su propio error al designarla.

El contexto hace que la frase sea más grave. Un día antes, el martes 3 de marzo, el coordinador de Comunicación del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, había acusado públicamente a la Fiscalía General del Estado de Puebla de proporcionar "información falsa" y datos "falsos e imprecisos" sobre el caso. "Muy lamentables las declaraciones de la fiscal de Puebla que revela algo que no está ocurriendo", declaró. "La fiscal de Puebla no puede brindar información sobre una investigación que no encabeza. No puede ser que una investigación con peritajes, en criminalística, se base en la prisa y en la presión mediática". Son acusaciones directas de incompetencia profesional. Y cuando el gobernador responde "aunque aprenda", está reconociendo veladamente que Tlaxcala tiene razón: su fiscal está en curva de aprendizaje manejando un caso que requería experiencia consolidada.

Minutos después de que Armenta admitiera la inexperiencia de su fiscal, vino otra jugada futbolera a manera de 1-2; el coordinador de Gabinete del gobierno poblano, José Luis García Parra, ejecutó una operación de control de daños que incluyó mentir verificablemente sobre lo que la fiscal había declarado 48 horas antes. "En la rueda de prensa donde le preguntaban a la fiscal Idamis sobre si se trataba de un asunto delincuencia organizada ella NO afirmó que fuera parte de su línea de investigación, ella lo que hizo fue puntualizar lo que significaba los actos de la delincuencia organizada", declaró García Parra. Esto es falso. La fiscal Idamis Pastor declaró textualmente el lunes 2 de marzo: "Estamos hablando de cinco detenidos respecto de un tema. Es el acuerdo entre dos o más personas y se comete un ilícito, Es delincuencia organizada". Y especificó: "En Puebla la línea de investigación se centra en deuda entre particulares mientras que en Tlaxcala la indagatoria continúa bajo el delito de delincuencia organizada". No "puntualizó el significado". Afirmó categóricamente que era delincuencia organizada. García Parra mintió sobre declaraciones públicas.

La mentira de García Parra no es error de comunicación. Es estrategia deliberada porque la realidad es inconveniente. Si la fiscal afirmó delincuencia organizada y Tlaxcala niega categóricamente que exista esa línea de investigación, entonces una de las dos fiscalías miente o no sabe lo que investiga la otra. Tlaxcala fue categórico: "Ninguna línea de investigación apunta a delincuencia organizada. No existe, por lo menos en la Fiscalía de Tlaxcala, esa línea de investigación y probablemente tampoco en la Fiscalía de Puebla". Son versiones institucionales completamente opuestas. Entonces el gobierno de Puebla intenta una tercera opción: negar que la fiscal haya dicho lo que dijo, y esperar que la ciudadanía no tenga acceso a lo que realmente declaró. Pero las declaraciones están grabadas. Los medios las publicaron. El gobierno está mintiendo sobre hechos del lunes cuando apenas es miércoles.

Las contradicciones no son solo sobre delincuencia organizada. También sobre dónde ocurrió el crimen. Durante semanas, el gobierno de Puebla enfatizó que "los hechos ocurrieron en Tlaxcala". El secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala declaró el 22 de febrero que "los hechos NO se registraron en territorio poblano". La FGE produjo video repitiendo "Tlaxcala" nueve veces. Ahora es Tlaxcala quien insiste: "El asesinato tuvo lugar en el municipio de Chignahuapan, en los límites con Tlaxcala, y NO en territorio tlaxcalteca". Primero Puebla culpaba a Tlaxcala, ahora Tlaxcala devuelve la responsabilidad. Dos gobiernos estatales peleando por quién NO tiene jurisdicción mientras tres huérfanos esperan justicia.

El desorden que Tlaxcala señala y Armenta admite con "aunque aprenda" tiene manifestaciones concretas. La fiscal Pastor confesó que hubo "confusión inicial respecto a los nombres de los involucrados". Lo que antes era Hugo N. ahora es Otto. Lo que era Miriam N. ahora es Mireya. Confundir nombres de cinco detenidos no es error menor: es evidencia de investigación precipitada donde se difunde información antes de verificarla. Y el dato más grave: Christian N. "El Bau", el socio comercial de Alexandro Tello identificado como autor intelectual, fue vinculado a proceso solo por encubrimiento, no por feminicidio ni homicidio calificado. Los boletines previos de la FGE imputaban desaparición de personas, feminicidio, homicidio calificado y encubrimiento. Cuando llegó la vinculación formal ante juez, el cargo se redujo a encubrimiento. ¿Qué pasó? ¿No hubo evidencia suficiente? ¿El trabajo de investigación tiene huecos que impidieron sostener los cargos graves ante el juez?

García Parra también negó la realidad al repetir dos veces que hay "extraordinaria relación" y "extraordinaria colaboración" entre Puebla y Tlaxcala cuando 24 horas antes el gobierno tlaxcalteca acusó públicamente a la fiscal poblana de dar información falsa y poner en peligro el debido proceso. Eso no es "extraordinaria colaboración". Es conflicto institucional abierto. También utilizó la estrategia del deslinde: "Las fiscalías son entes autónomos, cada una tiene sus competencias". Traducción: no es responsabilidad del gobierno lo que hace la fiscal. Pero si es autónoma, ¿por qué el gobernador sale a defenderla con "aunque aprenda"? La autonomía se invoca selectivamente según la necesidad política del momento: cuando conviene para deslindarse, se dice "son autónomas"; cuando conviene para defender, el gobernador dice "yo le voy al Puebla aunque aprenda".

Hay un rumor político que Tlaxcala negó formalmente y que explica parte de la intensidad del conflicto: que Alejandro N., uno de los detenidos en territorio tlaxcalteca, sería cercano a una de las hijas de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Antonio Martínez Velázquez lo calificó como algo que "corresponde más al terreno de la ficción que al del periodismo". Que Tlaxcala dedique parte de su rueda de prensa a negar esto específicamente indica que el rumor tuvo suficiente fuerza como para requerir respuesta oficial, sugiriendo que bajo el conflicto técnico sobre líneas de investigación hay también un componente político que complica la búsqueda de justicia.

Lo que este desastre institucional revela es que el gobierno de Puebla miente verificablemente sobre declaraciones públicas de hace 48 horas para controlar daños de un caso mal manejado. Mientras dos gobiernos pelean sobre quién miente y quién tiene jurisdicción, Christian "El Bau", empresario proveedor institucional con contratos por 720 mil pesos con gobiernos de Puebla, que trabajó para Armenta, para Salomón, para Chedraui en el ayuntamiento, enfrenta cargo menor de encubrimiento cuando Alexandro y Karina fueron hallados maniatados con huellas de violencia después de horas de tortura. La fiscal que "aprende" no pudo sostener feminicidio ni homicidio calificado ante el juez.

Para Emilio Tello, de 22 años, y sus dos hermanos menores, esta guerra donde el gobierno miente sobre lo que su propia fiscal declaró hace dos días es revictimización que aleja la justicia. La fiscal Idamis Pastor no ha respondido públicamente a las acusaciones de Tlaxcala. Guarda silencio mientras su gobierno sale a defenderla mintiendo sobre sus propias declaraciones. Y el gobernador resume todo con frase que parece trivial pero es admisión de que prioriza lealtad política sobre competencia profesional: "Yo le voy al Puebla aunque aprenda". Los que pagan el costo de ese aprendizaje son tres huérfanos mientras el Estado miente sobre sus propias declaraciones públicas de hace 48 horas.

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