El auditor Germán Reyna y Herrero presentó el plan 2026-2033 de la ASE Puebla, con ejes en transparencia, auditoría digital y participación ciudadana. El informe 2024 se entregará el 30 de abril en Puebla.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) delineó su ruta institucional para los próximos años con la presentación del Plan Estratégico 2026-2033, encabezada por el auditor Germán Reyna y Herrero ante la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del órgano fiscalizador.
El documento establece un modelo orientado a fortalecer la fiscalización del gasto público, con el objetivo de garantizar que los recursos se ejerzan bajo criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. “Puebla sin corrupción”, plantea como premisa central, sustentada en estándares internacionales como los de la INTOSAI y la OCDE.
El plan se articula en cuatro ejes: fiscalización de alto desempeño, cultura de rendición de cuentas, administraciones públicas éticas y participación social. En este marco, se prevé la incorporación de herramientas digitales y análisis de datos para mejorar la detección de riesgos, así como el desarrollo de plataformas accesibles para la ciudadanía.
Durante la sesión, también se aprobó por unanimidad que la presentación del Informe de la Cuenta Pública 2024 se realice el próximo 30 de abril en la sede de la ASE Puebla. Asimismo, Reyna y Herrero informó que los vehículos adquiridos en la gestión anterior serán reasignados a dependencias estatales, y señaló que utiliza su propio automóvil para actividades oficiales.
El planteamiento institucional enfatiza la prevención de irregularidades mediante la capacitación de servidores públicos, la coordinación con el sistema anticorrupción y la habilitación de mecanismos para denuncias ciudadanas, además de agilizar procesos de investigación administrativa.
El diseño estratégico busca transitar de un modelo reactivo a uno preventivo y orientado a resultados, en el que la fiscalización no solo detecte irregularidades, sino que contribuya a fortalecer la confianza pública y la vigilancia social en el ejercicio del poder.
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