El Gobierno de Cuba puso en libertad a 2,010 sancionados mediante un indulto aprobado en el marco de las celebraciones de Semana Santa. La excarcelación, la segunda del año, excluyó a condenados por delitos como agresión sexual, asesinato, homicidio y robo con violencia. El régimen de La Habana justificó la medida como un “gesto humanitario” basado en la buena conducta y el estado de salud de los beneficiados.
LA HABANA, CUBA. — La maquinaria carcelaria de la isla se movió nuevamente con motivo de la Semana Santa. El Gobierno de Cuba anunció la liberación de 2,010 personas privadas de libertad, un indulto que el régimen presenta como una tradición humanitaria de su sistema penal. Entre los beneficiados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, extranjeros y cubanos residentes en el exterior, según la información oficial. Es el quinto indulto desde 2011, sumando más de 11 mil personas excarceladas en los últimos quince años. Pero como toda medida de gracia en un sistema sin contrapesos independientes, la decisión levanta tantas preguntas como pretende cerrar.
El indulto, basado en el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República, no es automático ni universal. Las autoridades aseguran haber realizado un “análisis cuidadoso” de cada caso, considerando la naturaleza de los hechos cometidos, la conducta en prisión, el tiempo de sanción cumplido y el estado de salud. La lista de excluidos es reveladora: quedaron fuera quienes cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o con uso de armas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, así como reincidentes y quienes ya habían recibido un indulto anterior y volvieron a delinquir. La lista de exclusiones, extensa y detallada, intenta blindar la medida contra críticas, pero también expone la gravedad del sistema penal cubano: muchos de los delitos excluidos son los que históricamente han llenado las cárceles de la isla.
El contexto religioso no es menor. La liberación de presos en Semana Santa se ha convertido en una práctica recurrente del régimen cubano, una suerte de ritual que combina el cálculo político con la concesión simbólica al sector católico de la isla. No es casualidad que sea la segunda excarcelación del año, ni que se realice justo cuando la atención internacional suele dirigirse a las celebraciones religiosas. El gobierno cubano, que durante décadas se definió como ateo oficial, ha aprendido a utilizar el calendario litúrgico como un recurso de legitimidad externa, mostrando una faz humanitaria que contrasta con el autoritarismo de su sistema judicial y la represión a la disidencia.
El indulto, sin embargo, no debe confundirse con una reforma estructural. En Cuba, las concesiones de este tipo no modifican las leyes ni los mecanismos de represión. El artículo 90 constitucional que permite el indulto es el mismo que respalda un sistema donde las garantías del debido proceso son una ficción para la mayoría de los presos políticos. Los 2,010 liberados podrán reinsertarse en la sociedad, pero miles más permanecen encerrados en condiciones precarias, muchos de ellos por delitos que en cualquier democracia no serían considerados como tales. El gobierno cubano celebra su “tradición humanitaria” mientras organizaciones internacionales documentan tortura, juicios arbitrarios y hacinamiento en sus prisiones. La contradicción, como siempre en la isla, se resuelve con el discurso: el indulto es real, pero el problema de fondo sigue intacto.
0 Comentarios