El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México alcanzó dimensiones “sumamente grandes”, con 933 kilómetros de línea de costa afectados y 96 sitios contaminados, denunció Manuel Llano Vázquez Prada, director de CartoCrítica. El especialista aseguró que el origen está en una fuga de ducto de Pemex desde el 3 de febrero y calificó la respuesta institucional como un “encubrimiento” para diluir responsabilidades.
CDMX — Mientras el gobierno federal insiste en causas naturales y chapopoteras, las imágenes satelitales cuentan una historia distinta. Manuel Llano Vázquez Prada, director de CartoCrítica, presentó un diagnóstico que desmonta punto por punto la narrativa oficial sobre el derrame en el Golfo de México. Las cifras son contundentes: 933 kilómetros de línea de costa afectados, 96 sitios contaminados y una mancha que llegó a abarcar 300 kilómetros cuadrados en el océano. El impacto comenzó en Paraíso, Tabasco, y se ha extendido como una mancha de aceite imparable hacia Veracruz y Tamaulipas. No es un derrame menor. Es una catástrofe ambiental que las autoridades intentaron minimizar durante semanas.
Llano fue preciso sobre el origen, y sus palabras tienen el peso de la evidencia satelital. “Está muy bien documentado”, afirmó, y subrayó una distinción crucial: esto no es la chapopotera de Cantarell. Las emanaciones naturales existen, reconoce, pero su contribución al evento actual sería de “no más de un 3%”. El 97% restante, según su análisis, proviene de una fuga en un ducto de Pemex. La prueba más contundente, dice, es la presencia del buque reparador ‘Árbol Grande’ en el punto de origen. La nave, especializada en mantenimiento de ductos, permaneció 175 horas en la zona. “No es un barco que casualmente pasa por ahí”, sentenció. Desde el 3 de febrero ya era posible observar indicios del derrame, mientras que el aviso oficial, denuncia Llano, se emitió “mes y medio tarde”.
La respuesta institucional, en su análisis, no fue sólo tardía: fue deliberadamente desviada. “Salieron a hablar de marzo” mientras la evidencia señalaba febrero. En lugar de confrontar las imágenes satelitales, el gobierno optó por una estrategia que Llano califica sin ambages como “encubrimiento”. La hipótesis, planteada con base en los hechos documentados, es que la actuación oficial buscó “diluir la responsabilidad de Pemex”, cuando el marco legal y el Plan Nacional de Contingencia establecen con claridad el principio de que “el que contamina paga”. Las implicaciones, advierte, no son sólo administrativas: son penales. Alguien, en algún nivel de la paraestatal o del gobierno, tomó decisiones para ocultar la magnitud del desastre.
El daño, sin embargo, ya está hecho y sus consecuencias se extenderán por décadas. Llano advierte que “una buena cantidad de estos hidrocarburos ya están en el fondo marino”, donde no se detectan en la playa ni mediante sobrevuelos. Es en el lecho marino donde el crudo se acumula, altera la cadena trófica y genera impactos que ni siquiera pueden cuantificarse. El conteo de animales muertos recuperados, señala, representa “cuando mucho el 1%” del impacto real en la fauna marina. Las comunidades costeras, mientras tanto, enfrentaron el derrame sin información, sin equipamiento y sin capacitación. “No hubo acciones preventivas”, denuncia. Quedaron expuestas, literalmente, a la marea negra.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la versión de las causas naturales. Llano responde con datos: análisis científicos, incluidos los de académicos en México, concluyen que “la probabilidad de que el petróleo detectado provenga de chapopoteras es baja debido a su extensión, concentración, forma y duración”. Las imágenes de satélite, reitera, “son clarísimas”. Frente a la invitación de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para dialogar, Llano se muestra dispuesto, pero pone condiciones: “Lo que necesitamos es que el gobierno hable con verdad, que Pemex esté a la mesa no queriendo distraer, no queriendo llevar la atención hacia otro lado, sino que asuman responsabilidades y que se quiten la máscara”. Tabasco y Veracruz, concluye, han sido designados desde el poder como “zonas de sacrificio”, donde se prioriza la extracción petrolera sobre la salud, el ambiente y la vida de las comunidades. El derrame de 2026 es sólo el capítulo más reciente de una tragedia estructural.
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