Tras el desalojo con gas y toletes en Tlaxcala, la ANTAC denunció represión y riesgo para manifestantes. El bloqueo en el Arco Norte fue retirado por la fuerza y el conflicto se vincula a protestas nacionales por seguridad y costos en carreteras.
CDMX — La intervención policial en el Arco Norte, en Tlaxcala, no solo disolvió un bloqueo carretero: reconfiguró el conflicto entre transportistas, campesinos y autoridades. El operativo ejecutado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, que incluyó gas lacrimógeno y uso de la fuerza, detonó una respuesta inmediata de la Asociación Nacional de Transportistas, que elevó el tono al acusar represión directa contra manifestantes.
El desalojo ocurrió tras casi 24 horas de cierre en el tramo del Arco Norte a la altura de Nanacamilpa, punto clave en la conexión regional. Videos documentan el uso de chorros de agua, toletes y agentes químicos para dispersar a los inconformes. A partir de ese momento, las denuncias se multiplicaron: participantes reportaron agresiones físicas y señalaron la presunta desaparición de algunos transportistas y campesinos tras el enfrentamiento.
En este contexto, la ANTAC difundió un posicionamiento público en el que calificó la respuesta estatal como un acto de violencia institucional. “La misma autoridad que tantas veces ha estado ausente cuando el crimen nos roba… hoy sí apareció, pero para reprimir”, señala el documento firmado por David Esteves Gamboa. La organización sostuvo que los bloqueos fueron una manifestación pacífica para exigir condiciones básicas de seguridad, costos operativos viables y garantías para el trabajo en carretera.
El pronunciamiento también introduce un giro en la estrategia del movimiento: la suspensión momentánea de movilizaciones. La decisión, según la organización, responde a la imposibilidad de “garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan”, en un escenario donde, advierten, el riesgo ya no proviene únicamente del crimen, sino también de la actuación de las autoridades. Aun así, dejaron abierta la posibilidad de reactivar protestas a nivel nacional en función del diálogo con el Gobierno federal.
La confrontación en Tlaxcala se inserta en una jornada más amplia de bloqueos en distintas entidades, donde transportistas y productores han denunciado inseguridad, costos crecientes y falta de respuesta institucional. El desalojo no resuelve las demandas: las desplaza hacia un terreno más tenso, donde la discusión deja de centrarse solo en las carreteras y se traslada al uso de la fuerza como mecanismo de control.
Con las vialidades liberadas, el conflicto permanece abierto. La exigencia de “volver a casa” sin riesgo, planteada por la ANTAC, se mantiene como eje de una disputa que ahora combina reclamos económicos, seguridad pública y cuestionamientos sobre la actuación del Estado frente a la protesta social.
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