La elección de tres consejeros del INE deberá resolverse por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, informó Ricardo Monreal. El proceso ocurre en abril de 2026, previo a las elecciones de 2027 y en medio de tensiones políticas.
CDMX — En el arranque de una semana legislativa de alta carga política, la definición de tres nuevas vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se colocó como un punto crítico en la antesala del proceso electoral de 2027, al tratarse del órgano encargado de organizar los comicios en un contexto de creciente competencia partidista.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la designación deberá realizarse mediante un acuerdo que alcance la mayoría calificada. “Tenemos que intentar un acuerdo que construya la mayoría calificada”, señaló, al advertir que el plazo límite para lograrlo es el 22 de abril de 2026.
En caso de no concretarse dicho consenso, el proceso contemplará un mecanismo alternativo. “De no ser así, el 28, por insaculación, tendremos que revisar y realizar este ejercicio”, explicó el legislador, en referencia a la posibilidad de definir a los nuevos consejeros mediante sorteo, un escenario que evidenciaría la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas.
La renovación parcial del INE adquiere relevancia en un momento donde el mapa electoral muestra signos de reconfiguración. Morena, aunque mantiene la delantera en la mayoría de los estados, enfrenta desgaste y rupturas con aliados como el Partido Verde Ecologista de México, mientras la oposición avanza de forma desigual en entidades clave.
Este entorno ha llevado al partido oficial a reforzar su estructura interna, con movimientos como el nombramiento de Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones y la activación de aspirantes en estados competitivos como Chihuahua y Michoacán, donde las diferencias en intención de voto son reducidas.
La designación de consejeros del INE no solo representa un trámite legislativo, sino un punto de equilibrio institucional que influirá en la conducción del proceso electoral, en un escenario donde la competencia política se intensifica y los márgenes de diferencia se reducen en múltiples entidades rumbo a 2027.
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