El gobierno de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios, acusados en Nueva York de proteger al Cártel de Sinaloa en tráfico de drogas.

CDMX — Una solicitud de extradición emitida por autoridades estadounidenses colocó en el centro de la agenda bilateral un caso que involucra a altos funcionarios de Sinaloa, en un contexto de creciente presión internacional contra redes de narcotráfico con presunta protección institucional.

El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la detención con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios, quienes son requeridos por una Corte en Nueva York. La petición fue canalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá determinar la viabilidad jurídica de la solicitud conforme a la legislación mexicana.

De acuerdo con el documento de acusación presentado por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, los implicados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, a cambio de sobornos y respaldo político. Entre los señalados también figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de mandos de seguridad y exfuncionarios.

Autoridades estadounidenses, entre ellas el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, sostienen que los acusados habrían utilizado sus cargos para proteger operaciones del grupo criminal. La Cancillería mexicana indicó que la solicitud fue recibida el 29 de abril y se procesó conforme a la Ley de Extradición Internacional, además de señalar que se emitirá un extrañamiento por la difusión pública del caso.

El proceso queda ahora en manos de la FGR, que deberá evaluar los elementos probatorios y definir el curso legal, en un caso que podría tener implicaciones políticas y judiciales de alto alcance.

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