La FGR indaga por lavado de dinero a Manuel Roberto Farías, Fernando Farías Laguna y Miguel Ángel Solano Ruiz, vinculados a huachicol en aduanas. El caso incluye análisis de la UIF sobre operaciones financieras detectadas desde 2025.
CDMX — La investigación sobre redes de contrabando de combustible en aduanas mexicanas se amplía hacia el ámbito financiero. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una indagatoria por presunto lavado de dinero contra mandos navales y un exoficial, señalados por su posible participación en esquemas de huachicol fiscal.
De acuerdo con informes federales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) investiga al Vicealmirante Manuel Roberto Farías, al Contralmirante Fernando Farías Laguna —ambos actualmente presos— y al Capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como “El Capitán Sol”. La indagatoria también incluye a sus respectivas esposas.
Las pesquisas, iniciadas a partir de una denuncia anónima el 20 de enero de 2025, se sustentan en análisis financieros elaborados por la propia FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enfocados en movimientos bancarios y operaciones en efectivo de los implicados. Hasta el momento, el caso no ha sido judicializado.
Entre los hallazgos, destaca el incremento en los gastos de Manuel Roberto Farías, que pasaron de 256 mil pesos en 2020 a 4 millones 931 mil pesos en 2023, lo que representa un aumento significativo en un periodo de tres años. En el caso de Fernando Farías Laguna, se documenta la compra de un inmueble en Nogales, Sonora, por 2 millones 248 mil 441 dólares, liquidado mediante cinco transferencias internacionales en mayo de 2024.
Asimismo, se reportaron aportaciones por 11 millones 135 mil pesos a una póliza de seguro a nombre de su madre en GNP durante 2021. Estas operaciones forman parte del análisis que busca determinar la procedencia de los recursos y su posible vínculo con actividades ilícitas relacionadas con el control de aduanas.
El avance de la investigación perfila un componente financiero en los casos de presunto huachicol fiscal, mientras las autoridades federales continúan integrando pruebas para definir si procederán penalmente contra los involucrados.
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