La FGR informó que la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios no incluye pruebas contundentes. La dependencia analizará el caso e iniciará una investigación paralela.
CDMX — El proceso de extradición solicitado por autoridades estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa abrió un nuevo frente jurídico en México, donde la evaluación de pruebas y procedimientos marca el rumbo del caso en el ámbito bilateral.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la petición de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios no está acompañada de elementos probatorios contundentes. Así lo dio a conocer Ulises Lara, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, quien precisó que la institución revisará la documentación recibida para determinar su viabilidad legal.
“Es obligación de esta Fiscalía analizar la documentación… para establecer si existen los elementos probatorios necesarios”, señaló el funcionario en un mensaje a medios. Añadió que, de manera paralela, se iniciará una carpeta de investigación para recabar información y establecer si la acusación formulada por autoridades estadounidenses cuenta con sustento suficiente para solicitar órdenes de aprehensión en territorio nacional.
La FGR subrayó que, conforme a la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, no es obligatorio presentar pruebas en la etapa inicial de la solicitud de detención provisional, ya que estas deben integrarse en un plazo posterior, una vez que el requerido es puesto a disposición de un juez.


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