La fiscal Bertha Alcalde Luján admitió un retraso de 15 horas en la búsqueda de Edith Guadalupe Valdés, hallada sin vida el 17 de abril de 2026 en Benito Juárez, Ciudad de México. El caso se investiga como feminicidio y derivó en sanciones internas.
CDMX — El caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años asesinada en la Ciudad de México, expuso fallas críticas en los protocolos de reacción institucional ante desapariciones, en un contexto de creciente exigencia social por respuestas eficaces frente a la violencia de género.
La fiscal general Bertha Alcalde Luján reconoció públicamente que existió una demora de 15 horas en el inicio de la búsqueda, pese a contar con información precisa sobre la posible ubicación de la víctima. “Implicó una dilación de 15 horas… lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, declaró durante conferencia. La joven había salido de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa el 15 de abril para acudir a una entrevista de trabajo y fue vista por última vez al ingresar a la Torre Murano, en Avenida Revolución.
El cuerpo fue localizado en el sótano del inmueble hasta horas después de la denuncia formal de desaparición. Las investigaciones derivaron en la detención de Juan Jesús “N”, vigilante del edificio, señalado como presunto responsable tras un altercado con la víctima. De acuerdo con los peritajes, la causa de muerte fueron heridas punzocortantes en el tórax, presuntamente infligidas con un desarmador hallado en el lugar. El caso se indaga bajo el protocolo de feminicidio.
Paralelamente, la familia denunció posibles actos de corrupción al interior de la Fiscalía, al acusar solicitudes de dinero para agilizar la búsqueda. En respuesta, la institución separó de sus cargos a un Ministerio Público y dos policías de investigación, mientras la Unidad de Asuntos Internos desarrolla las indagatorias. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó las medidas y confirmó las remociones.
El proceso continúa con análisis periciales, revisión de videograbaciones y toma de testimonios, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades ante la desaparición de mujeres y las posibles omisiones dentro de las estructuras de procuración de justicia.
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