La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político. El caso quedó en manos de la jueza Katherine Polk Failla.
NY — En una de las acusaciones más contundentes contra la clase política mexicana desde el exterior, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra diez funcionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. La investigación, que ya suma al menos una decena de implicados, revelaría un entramado de protección gubernamental a cambio de sobornos y apoyo político para garantizar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, presentaron la acusación en una conferencia conjunta en Manhattan. Según el expediente judicial al que tuvo acceso este medio, los funcionarios —tanto en activo como retirados— “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”. Entre los señalados también figuran Enrique Inzunza Cázarez, Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, cuyos cargos actuales no fueron especificados de inmediato por la fiscalía.
El caso, asignado a la jueza Katherine Polk Failla, añade un capítulo particularmente grave con la acusación contra Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien enfrenta cargos adicionales por secuestro. Según la investigación, Valenzuela Millán participó en la privación ilegal de la libertad de una fuente de la DEA y un familiar de esta, hechos que derivaron en sus muertes. La acusación no precisa si las víctimas eran ciudadanos estadounidenses o mexicanos, pero el cargo eleva la presión sobre las autoridades mexicanas para colaborar en el caso.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton ante los medios. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”. El mensaje del fiscal estadounidense apunta directamente a la estructura de protección que, según Washington, permite la operación de los cárteles mexicanos con escasa interferencia estatal.
La acusación del Distrito Sur de Nueva York no es un hecho aislado. Históricamente, esta fiscalía ha sido la encargada de procesar a los mayores capos mexicanos, desde Joaquín “El Chapo” Guzmán hasta Ismael “El Mayo” Zambada. Sin embargo, es inusual que se presenten cargos formales contra un gobernador en activo como Rocha Moya, lo que podría desencadenar una crisis diplomática entre México y Estados Unidos si el gobierno mexicano decide no actuar sobre las acusaciones o negar la extradición de los implicados.
La oficina de prensa del gobernador de Sinaloa no ha emitido una declaración oficial sobre los cargos. Tampoco hubo comentarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La jueza Failla deberá determinar si existen elementos suficientes para emitir órdenes de captura contra los diez acusados, lo que podría comenzar un largo proceso de litigio sobre la competencia judicial entre ambos países.
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