Con la elección federal fijada para el primer domingo de junio de 2027 y el calendario interno de Morena exigiendo coordinadores definidos para el 3 de agosto, la primera lista de perfiles para los 16 distritos federales del estado está sobre la mesa. No es una lista oficial. Es una lista real que José Luis García Parra, El Choco, filtró por órden de Armenta, que es algo distinto y más útil.
El perímetro que el armentismo controla
La mayoría de los distritos están, por ahora, bajo control operativo del gobernador Alejandro Armenta Mier. Los perfiles definidos o prácticamente definidos siguen la lógica que esta columna ha documentado desde su primera entrega: funcionarios en activo, presidentes municipales con deuda política, operadores con base territorial que llegaron donde están porque el gran elector lo autorizó.
El Distrito 4 con cabecera en Libres es el ejemplo más nítido: José Antonio González Hernández, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, es descrito por las fuentes como hombre de confianza directa de Armenta. No hay disputa, no hay negociación pendiente. Es una plaza tomada.
El Distrito 2 con cabecera en Zacatlán sigue la misma lógica: Bety Sánchez, presidenta municipal, comparte conocimiento territorial con su esposo José Luis Márquez Martínez. expriista, exdiputado federal por la zona y exalcalde. Es una familia política con implantación real, alineada al gobernador. Comenzó llevando longaniza y cecina cada semana al gobernador Melquiades Morales Flores y escaló.
El Distrito 13 tiene a Ana Laura Altamirano —secretaria de Desarrollo Rural y diputada local con licencia— como carta del armentismo, con la válvula de Ariadna Ayala Camarillo como opción de contención política si la negociación zonal lo requiere. El Distrito 16 tiene a Adolfo Alatriste como carta fuerte con Rosalio Zanatta Vidaurri como alternativa. El Distrito 4, ya mencionado. Plazas ordenadas, sin sobresalto previsible.
Pero el perímetro controlado es exactamente eso: un perímetro. Lo que está dentro de él revela tanto como lo que está fuera.
Las disputas que el gobernador no resuelve solo
El Distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan tiene una disputa que no es solo entre dos candidatos. Es entre dos lógicas. El armentismo impulsa a Norma Layón, ex presidenta municipal y actual titular de carreteras de cuota. La diputada Vianey García quiere la reelección y, para sostener su aspiración, presume cercanía con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Es la primera vez en este proceso que un perfil en disputa apela a la dirección nacional del partido como contrapeso al gobernador. Que esa carta exista —y que alguien se atreva a jugarla— es en sí mismo un dato.
El Distrito 7 con cabecera en Tepeaca tiene su propia complejidad. El armentismo quiere colocar a Jesús Morales Martínez, hijo de Jesús Morales Flores, hermano del exgobernador Melquiades Morales FLores, es decir, sobrino del exgobernador es también actual rector de la Universidad Tecnológica de Puebla, en una demarcación donde su familia tiene ascendencia. El problema es que la diputada actual por ese distrito es Claudia Rivera Vivanco —ex alcaldesa de Puebla, perfil medido para la candidatura a la capital—, quien ya dejó saber que si no alcanza la alcaldía pedirá su cuota para ella y para todo su grupo. Rivera Vivanco no es un actor que se retire en silencio. Es un actor que negocia en voz alta.
El Distrito 3 con cabecera en Teziutlán tiene como propuesta a Karla Martínez Gallegos, presidenta municipal, sí cercana al ex gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pero no tanto como para que él meta las manos al fuego por ella. Céspedes Peregrina quiere su propia cuota: una diputación federal plurinominal. Es la primera candidatura distrital donde aparece un perfil del salomismo —el gobernador interino que Armenta ya derrotó en la disputa por la dirigencia del PVEM que buscaba Charbel Jorge Estefan Chidiac— con posibilidad real. No es una amenaza mayor, pero es una señal de que el ex gobernador no ha desaparecido del mapa.
Los riesgos que el armentismo reconoce en privado
Tres distritos son reconocidos internamente como zonas de atención especial. El término oficial es eufemístico. El término preciso es: distritos donde Morena puede perder.
Los Distritos 11 y 12 de Puebla capital son los más preocupantes; siempre lo han sido. El 11 tiene como propuesta a Graciela Palomares, diputada local conocida como "Grace", sin que las fuentes registren certeza sobre su competitividad. El 12 tiene a Zaira González, titular de la Secretaría de la Mujer del ayuntamiento capitalino —una posición que el análisis interno interpreta como mecanismo para involucrar al presidente municipal José Chedraui Budib en la campaña sin comprometerse con él directamente. En ambos casos, el armentismo no tiene una carta sólida. Tiene una apuesta.
El Distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula merece párrafo aparte porque es el caso más revelador del mapa. La impericia de la impericia de Tonantzin Fernández como presidenta municipal lo han transformado en uno de los distritos más anti-Morena del estado. Su población es predominantemente clase media, con menor dependencia de los programas sociales que son el músculo electoral del partido en otras zonas. El armentismo envíaría ahí a Carla López Malo Villalón, hija de Jose Antonio López Malo y vecino de la demarcación, actual secretaria de Turismo —una funcionaria joven cuya competitividad se basa en estadísticas al estilo de "otros datos". Si va, no es enviada a ganar, sino para pactar su derrota. Es una ofrenda.
El mítico Distrito 8 de los Morales
Si hay una disputa en este mapa que concentra más capas que cualquier otra, es el Distrito 8 con cabecera en Ciudad Serdán.
El armentismo impulsa al diputado Andrés Villegas de Tecamachalco. Del otro lado está el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien quiere que su hijo Nacho Mier Bañuelos repita en el cargo. No es solo una disputa entre dos candidatos. Es una disputa entre el gobernador y uno de los operadores nacionales (su primo) más influyentes que Puebla ha producido en las últimas décadas. Falta ver quien va por movimeinto ciudadano porque el PRI, simplemente no existe más ahí.
Los lectores de esta columna conocen a Mier Velazco desde la primera entrega: es el senador que respalda la carrera de Alejandro Barroso en Tehuacán y cuya red de operadores conecta la disputa municipal del sur del estado con la disputa distrital del centro. Que ese mismo actor aparezca ahora enfrentado directamente al gobernador en el Distrito 8 confirma algo que el mapa hace visible: el gran elector no tiene control absoluto. Tiene control mayoritario, que es una cosa muy distinta.
El caso Estefan o el control institucional tiene límites
El Distrito 14 con cabecera en Izúcar de Matamoros tiene una sola certeza: Eduardo Castillo no repetirá. Las fuentes lo describen como alguien que "traicionó al grupo en el poder" —los detalles de esa traición no han trascendido, pero el castigo es concreto: fuera de la lista.
El armentismo quiere colocar ahí al líder del Congreso local, Pavel Gaspar, o al subsecretario de Movilidad y Transporte, Juan Manuel Vega Rayet. Cualquiera de los dos serviría. El problema no es la candidatura de Morena. El problema es lo que viene del otro lado.
Jorge Estefan Chidiac reaparece en este mapa y su reaparición es la más incómoda para el gobernador. Esta columna documentó en una entrega anterior cómo Armenta bloqueó a Estefan de la dirigencia estatal del PVEM usando expedientes de su paso por la Secretaría de Educación Pública, entre otros datos. El mecanismo funcionó: Estefan desistió, Jaime Natale Uranga quedó como dirigente alineado al oficialismo.
Pero bloquear una dirigencia partidista no es lo mismo que eliminar a un actor político. Estefan Chidiac tiene recursos propios. Sigue siendo el gurú de Sergio Salomón Cëspedes Peregrina, juntos tienen una red de alcaldes morenistas que llegaron a su posición gracias a ellos y tiene la capacidad económica y política, con el "Güero Velasco", Manuel Velasco Coello, de comprar la candidatura del PVEM en el Distrito 14 y ganar. El gran elector lo desplazó de una dirigencia. No pudo comprarlo ni aplastarlo. Y un actor desplazado con dinero propio y red propia es más peligroso que uno derrotado, porque no tiene nada que perder dentro del sistema.
Ese es el límite más concreto que el mapa revela sobre el modelo del gran elector: funciona sobre actores que dependen del sistema para sobrevivir. Sobre actores con recursos autónomos, el control institucional tiene un alcance mucho más acotado.
El factor PT
Hay una variable que cruza todo el mapa y que el armentismo trata con una mezcla de desdén y negación que puede salirle muy cara: el Partido del Trabajo.
El PT atraviesa una situación de fragilidad estructural derivada del proceso de reforma electoral. Su figura más visible en Puebla, la senadora Lizeth Sánchez García, está plegada al oficialismo local. El partido no es popular, no genera entusiasmo y no mueve masas. Pero sus votos, en una contienda reñida en los distritos de la capital y en San Pedro Cholula, pueden ser la diferencia entre ganar y perder.
El oficialismo no muestra apertura para negociar. La lógica interna parece ser que Morena no necesita al PT. Esa lógica puede sostenerse con López Obrador en los controles, con Sheinbaum en la boleta y con el partido cohesionado. No es ese el año que viene. La presión de Donald Trump sobre México alimenta un clima de incertidumbre que no beneficia al oficialismo. Y la tensión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán —secretario de organización de Morena e hijo del expresidente, a quien la presidenta quiere fuera del partido— añade ruido a una maquinaria que en 2024 parecía imparable.
En ese contexto, desperdiciar los votos del PT por soberbia negociadora no es una estrategia. Es un lujo por pagar.
Lo que el mapa dice en conjunto
El armentismo controla la mayoría del territorio. Eso es un hecho. Pero el mapa también muestra que ese control tiene textura desigual: hay plazas sólidas, plazas en disputa, plazas en riesgo y al menos una plaza —el Distrito 14— donde un actor desplazado puede reaparecer con fuerza propia.
El gran elector define las listas. Pero no define los resultados (a menos que sea una elección de Estado). Y en una elección donde el voto de castigo empieza a asomar —no porque la oposición esté haciendo un buen trabajo, sino porque un sector de la ciudadanía está harto y lo expresará en las urnas— la diferencia entre una lista bien construida y una lista ganadora puede estar en detalles que ningún operador controla desde una oficina en el gobierno del estado.
El mapa está sobre la mesa y las piezas están colocadas. Pero leerlo solo desde adentro de Morena es leerlo a medias.
El Partido Acción Nacional tiene en Puebla capital y en varios distritos de la zona metropolitana condiciones que no ha tenido en años: un electorado urbano hastiado, una oposición ciudadana que empieza a tomar forma y, si supera sus propias contradicciones internas, la posibilidad de presentar perfiles que no cargan el estigma del viejo panismo ni el de la vieja oposición pactada. Esa es una combinación que, bien ejecutada, puede ser devastadora para el oficialismo en los distritos donde el voto de castigo tiene más oxígeno.
Movimiento Ciudadano es el factor que el análisis político convencional subestima con más frecuencia y más caro paga esa subestimación. No es el partido de siempre. Es una fuerza con recursos crecientes, estructura territorial en expansión y una narrativa que conecta con sectores urbanos y jóvenes que Morena está perdiendo y que el PAN nunca tuvo. Si MC presenta candidatos competitivos —y tiene con qué hacerlo— los distritos que hoy se consideran focos rojos para el oficialismo pueden convertirse en derrotas reales, no solo en zonas de atención.
La aritmética es simple y brutal: Morena llega a 2027 con el desgaste del poder, con fracturas internas documentadas, con tres distritos en riesgo en su propia capital, sin acuerdo con el PT y con un voto de castigo que crece en silencio. Si enfrente aparecen candidatos del PAN y de MC que no se caen solos, la elección se complica de una manera que ninguna estructura de Bienestar, ninguna red de delegados y ninguna mañanera puede resolver.
A menos, claro, que no estemos hablando de una elección competida sino de algo distinto: una elección de Estado, con todos los instrumentos institucionales orientados a un resultado predeterminado. Esa posibilidad existe en Puebla. Este mapa y las entregas anteriores de esta columna han documentado con detalle los mecanismos disponibles para construirla.
Pero un fraude electoral de esa escala tiene un costo político que se paga después, con intereses. Y en un estado donde el gran elector ya está pensando en su propia sucesión, ese costo no es un detalle menor.
Las piezas están colocadas. Lo que falta saber es si el juego que viene es una elección o una representación.
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