La presidenta de la Mesa Directiva Kenia López Rabadán — quien el 11 de marzo desechó la reforma original — emitió la declaratoria de constitucionalidad del plan B (C). 19 congresos estatales. Tres artículos. El ciclo cierra con la misma mano con que abrió.
CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, emitió la declaratoria de constitucionalidad del plan B electoral. El ciclo que comenzó el 4 de marzo de 2026 cuando ella misma recibió el decreto de once artículos de manos de la Secretaría de Gobernación cerró con ella leyendo la fórmula sacramental del artículo 135: "El Congreso de la Unión declara reformados los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y adicionado el artículo 134 con un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política." El 11 de marzo, López Rabadán aplicó el artículo 72 constitucional para desechar esa reforma original con 259 votos a favor y 75 por debajo del umbral. La misma mano que desechó la primera reforma declaró constitucional la tercera. Es la simetría más precisa del ciclo de la reforma propuesta por Claudia Sheinbaum Pardo.
El cómputo que precedió a la declaratoria confirmó 19 congresos estatales aprobatorios — dos más del mínimo de 17 requerido por la Constitución. Los estados que ratificaron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. El mapa de la ratificación es también el mapa de la influencia territorial de Morena: todos son estados con gobiernos afines o controlados por la coalición gobernante. La geografía de la disciplina partidaria es la geografía de la reforma.
El texto de los transitorios que acompaña la declaratoria contiene una disposición que la cobertura inmediata no ha subrayado con suficiente claridad. Los congresos locales que ya están por debajo del tope del 0.70% del gasto estatal no solo no pueden crecer: quedan congelados. Solo pueden actualizar su presupuesto conforme a la inflación anual. No pueden aprobar ampliaciones, transferencias, reasignaciones ni "cualquier otro mecanismo que tenga por objeto o efecto incrementar directamente el presupuesto de los congresos locales por encima del límite previsto." Cualquier acto que contravenga este transitorio "será nulo de pleno derecho." Es la trampa silenciosa del texto: la reforma no solo recorta a quien excede el tope. Congela a quien ya está por debajo. El presupuesto de los congresos locales queda indexado a la inflación, sin posibilidad de crecimiento real, indefinidamente. Eso no se anunció en ninguna mañanera.
El plazo de armonización —30 de mayo de 2026— que esta serie rastreó desde el Reportaje 14 se cumplirá con semanas de margen. El INE, los OPLEs y los tribunales electorales tienen hasta esa fecha para adecuar sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestarias. La Cámara de Diputados hará los ajustes en el Presupuesto de Egresos correspondiente para congresos de entidades federativas y ayuntamientos. Las legislaturas estatales armonizarán sus constituciones y leyes locales. El mecanismo de implementación es preciso, tiene fecha y tiene consecuencias: cualquier disposición que lo contravenga es nula de pleno derecho. Es el texto más ejecutable de todo el ciclo. También es el más modesto en su alcance.
El inventario final que la declaratoria formaliza: tres artículos constitucionales donde antes había once en la iniciativa original. El artículo 35 — la revocación de mandato empatada con 2027, el derecho de la presidenta a promover el voto a su favor, la boleta adicional en la jornada más compleja para Morena en este sexenio — no están en la declaratoria. Los once artículos del decreto del 4 de marzo tampoco. Los que está son el 115, 116 y 134: austeridad administrativa, topes presupuestales, límites salariales. Es una reforma real. Es una reforma modesta. Y es la reforma que el sistema permitió que llegara hasta aquí.
El ciclo que abrió el 25 de febrero con el Decálogo de la Democracia en Palacio Nacional cierra con la declaratoria de López Rabadán. Entre ambos momentos: once artículos propuestos y tres aprobados, dos coordinadores parlamentarios que administraron dos derrotas con nombre propio, un aliado que firmó apoyo total y mató el artículo más valioso, diecinueve congresos estatales que ratificaron en menos de un día lo que el Congreso federal tardó veintidós días en negociar, y una presidenta cuya reforma más ambiciosa quedó reducida a lo que su propio operador en el Senado describió como "un plan que no afecta nada." Afectó algo. Tres artículos de la Constitución son tres artículos de la Constitución. Y la dirección que los produjo no ha cambiado.
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