Editorial
La presidenta Claudia Sheinbaum eligió la segunda modalidad. Sin llamarlo así, sin admitirlo, sin siquiera parecer consciente del peso histórico de sus propias palabras, pronunció el epitafio del modelo económico que su movimiento construyó durante dos décadas de oposición y menos de ocho años de gobierno: "El Estado no puede hacerlo todo, requiere necesariamente la coordinación con la Iniciativa Privada." Esa frase no es pragmatismo. Es una capitulación.
No es un juicio político. Es un juicio económico, documentado, medible y fechado. El modelo que la Cuarta Transformación construyó sobre la promesa de que el Estado redistributivo, soberano y austero podía generar desarrollo sin necesitar al capital privado ha producido resultados que los propios datos del gobierno registran sin posibilidad de interpretación alternativa. El Producto Interno Bruto creció 0.6% en 2025. La inversión pública se desplomó 18.9%. La inversión privada cayó 4.0%. La tasa de informalidad laboral escaló a 54.9%: más de la mitad de los trabajadores mexicanos opera fuera del sistema de seguridad social, sin prestaciones, sin certeza y sin contribuir a la base fiscal que sostiene los programas de bienestar que el modelo presume como su mayor logro. La deuda bruta se acerca al 60% del PIB. Y Petróleos Mexicanos, la empresa que encarnaba la soberanía energética del proyecto, exporta 61% menos crudo que hace tres años y registró en 2025 un déficit comercial de casi 2,000 millones de dólares. Estos no son los números de un modelo en transición. Son los números de un modelo que no funcionó.
La vergüenza que los datos imponen
La declaración de Huamantla no surgió de una reflexión teórica ni de una revisión honesta de los resultados. Surgió de la presión implacable de la realidad económica. Cuando el crecimiento no llega, cuando la inversión no responde, cuando el empleo formal no absorbe a una fuerza laboral que sigue creciendo y que el sector público no puede subsidiar indefinidamente, el gobierno enfrenta una disyuntiva sin salida elegante: o admite que el modelo tiene fallas estructurales, o busca al capital privado con la misma mano que durante años señaló como el enemigo del pueblo: empresarios y "neoliberales". Sheinbaum eligió la segunda opción y la envolvió en el lenguaje del modelo original: "un modelo integral", "inversión sustentable", "bienestar y crecimiento". Las palabras son las mismas. La lógica subyacente es su antítesis.
Porque lo que se inauguró en Huamantla no es una evolución del humanismo mexicano. Es su negación práctica. Un Polo de Desarrollo Económico (por cierto ya existente, como el de San José Chiapa en Puebla) con infraestructura pública financiada por el fisco, terrenos vendidos a inversionistas privados y exenciones fiscales temporales para acelerar la llegada del capital es, en términos de teoría económica, una zona económica especial con subsidio implícito a la acumulación privada. Es exactamente el tipo de política que Corea del Sur implementó en los años 60, que China perfeccionó en los 80 y que el pensamiento de la Escuela de Chicago —ese que la 4T denunció durante seis años como el origen de todos los males de México— diseñó para atraer inversión extranjera directa en economías en desarrollo. El modelo que enterró al neoliberalismo mexicano acaba de adoptar sus instrumentos más característicos, sin decirlo, sin debatirlo y sin explicar por qué lo que antes era entreguismo ahora es por el "pueblo".
La exención fiscal merece un párrafo aparte. El Pre-Criterios 2027 que la Secretaría de Hacienda presentó al mismo tiempo proyecta una consolidación fiscal basada en mayor recaudación tributaria, en la solidez del ISR y del IVA, en el combate a la evasión y en la ampliación de la base de contribuyentes. Simultáneamente, el gobierno condona impuestos a inversionistas privados en los Polos de Desarrollo. En teoría de finanzas públicas esto se denomina gasto fiscal: el impuesto no cobrado es contablemente equivalente a un egreso presupuestario. Ese gasto fiscal no aparece en ninguna tabla del Pre-Criterios. No está contabilizado en el déficit. No está incluido en la proyección de deuda. Es un costo real que el modelo oficial hace invisible porque reconocerlo obligaría a admitir que la consolidación fiscal es aún más difícil de lo que los números publicados sugieren.
El silencio sobre el empleo informal
El dato más brutal del período de la 4T no es el déficit ni la caída de Pemex. Es la tasa de informalidad. 54.9% de la población ocupada trabaja en la economía informal. Ese número coexiste, en el discurso oficial, con la afirmación de que la tasa de desempleo alcanzó su mínimo histórico de 2.6%. Ambas cifras son verdaderas. Y juntas describen algo que el modelo humanista nunca resolvió: México no tiene problema de desempleo. Tiene un problema de calidad del empleo. El país crea trabajo, pero lo crea fuera del sistema productivo formal, sin seguridad social, sin acceso a crédito, sin contribución fiscal y sin capacidad de acumular capital. Cada trabajador informal es un trabajador que el Estado no puede alcanzar con sus programas contributivos, un potencial contribuyente que no tributa y un ciudadano cuya productividad no crece porque no tiene acceso a los instrumentos formales del mercado.
La informalidad no es un accidente estadístico ni una herencia exclusiva del "neoliberalismo". Es la respuesta racional de los agentes económicos a un entorno donde la formalidad es cara, la burocracia es pesada, la certeza jurídica es limitada y los beneficios de registrarse no compensan los costos. Y en ese entorno, las transferencias directas —las pensiones, las becas, los programas del bienestar— actúan paradójicamente como un desincentivo adicional a la formalización: si el Estado provee ingresos sin exigir contribución al sistema formal, la decisión racional del trabajador marginal es permanecer en la informalidad. El modelo que buscaba regar desde abajo terminó regando también la informalidad que impide que ese riego genere raíces productivas.
El capital privado que Sheinbaum convoca en Huamantla llegará, o no llegará, en función de una variable que el discurso oficial nunca nombra directamente: la confianza. No la confianza del pueblo en su gobierno —que el modelo mide con participación electoral y aprobación en encuestas— sino la confianza de los inversionistas en las reglas del juego, en la independencia del poder judicial, en la estabilidad regulatoria, en la previsibilidad de la política energética y en la certeza de que un cambio de gobierno no revertirá las condiciones bajo las cuales invirtieron. Esa confianza se construye en años y se destruye en decretos. Y la reforma judicial de 2024, la modificación del régimen energético, la cancelación del NAIM y la incertidumbre sobre el T-MEC forman un expediente que ninguna exención fiscal en Tlaxcala puede cerrar por sí solo.
México necesita el capital privado que Sheinbaum llama. Necesita los Polos de Desarrollo. Necesita la política industrial que la 4T tardó siete años en empezar a diseñar. Pero necesita también algo que este editorial no puede concederle al modelo actual: la honestidad de admitir que el paradigma anterior no solo no funcionó, sino que el nuevo tampoco funcionará si se aplica con los mismos instrumentos de opacidad, con las mismas restricciones fiscales ocultas, con la misma informalidad creciente como fondo y con una empresa petrolera en colapso estructural que consume rescates sin generar la energía barata que la inversión industrial requiere. El cambio de paradigma que Huamantla anuncia avergonzado es necesario. Pero un cambio de paradigma a medias, sin diagnóstico honesto, sin corrección del modelo fiscal y sin política industrial con escala suficiente, no es transformación. Es administración del fracaso con otro nombre.
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