La SCJN invalidó la Ley de Ciberasedio en Puebla por ambigüedad jurídica. El gobierno de Alejandro Armenta Mier afirmó que respetará el fallo pero negó impacto político, mientras el Congreso analiza un nuevo marco legal para regular conductas digitales.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la llamada Ley de Ciberasedio en Puebla reconfigura nuevamente el debate sobre la regulación de conductas en entornos digitales. El fallo, sustentado en la falta de precisión jurídica del tipo penal, marca un precedente en la delimitación gubernamental de los alcances del derecho penal frente a la libertad de expresión en plataformas digitales.
Tras la resolución, el titular del Ejecutivo estatal sostuvo que la determinación será acatada en apego al marco constitucional y descartó que represente un impacto político para su administración. En su posicionamiento, enfatizó que las leyes forman parte de un proceso dinámico en el que pueden aprobarse, modificarse o derogarse conforme a criterios de legalidad y constitucionalidad.
El núcleo de la invalidación radica en el artículo 480 del Código Penal estatal, que definía el delito de ciberasedio mediante conceptos como “vigilar”, “hostigar”, “ofender” o “intimidar” sin establecer parámetros claros. Para la SCJN, esta redacción impedía a los ciudadanos identificar con certeza qué conductas eran sancionables, lo que vulnera el principio de legalidad y abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
Durante la discusión, el máximo tribunal subrayó que una figura penal con tal nivel de ambigüedad no puede ser utilizada para imponer sanciones privativas de la libertad. Asimismo, advirtió que este tipo de disposiciones puede generar un efecto inhibidor en el debate público, al exponer a las personas a posibles sanciones por su actividad en redes sociales o espacios digitales.
En el ámbito local, el Congreso estatal mantiene la facultad de replantear la regulación. Desde el Poder Legislativo se ha anticipado la construcción de un nuevo orden jurídico que atienda el fenómeno del ciberasedio, pero con criterios de claridad normativa y respeto a derechos fundamentales. Este proceso implicará redefinir los límites entre la protección de la integridad personal y la garantía de la libre expresión.
En adelante, cualquier intento de tipificación deberá ajustarse a criterios estrictos de precisión, proporcionalidad y certeza jurídica.
La invalidación de la Ley de Ciberasedio no cierra el debate, sino que lo traslada a una nueva etapa legislativa. Puebla, su gobierno estatal y el congreso local, enfrentan el reto de construir un marco normativo que responda a los riesgos del entorno digital sin vulnerar los principios fundamentales del sistema jurídico mexicano que sostienen libertades.
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