La acusación del Distrito Sur de Nueva York revela que Rubén Rocha Moya se reunió con los líderes de Los Chapitos antes de las elecciones de Sinaloa en junio de 2021. A cambio del apoyo del Cártel para ganar la gubernatura, el entonces candidato prometió instalar funcionarios afines al narcotráfico. Sicarios armados con ametralladoras custodiaron los encuentros.
NY/CDMX — El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no llegó a la gobernatura mediante una elección convencional. Según la acusación formal presentada por el Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya sostuvo reuniones secretas con los líderes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos, antes de los comicios de junio de 2021. En esos encuentros, custodiados por sicarios armados con ametralladoras y otras armas de alto calibre, se fraguó un pacto: los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López asegurarían su victoria electoral a cambio de que Rocha Moya, una vez en el cargo, entregara el control de las policías estatales al Cártel.
El operativo para torcer la elección fue meticuloso. Enrique Díaz Vega, entonces colaborador cercano y posterior Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rocha Moya, entregó a los Líderes Chapitos una lista con los nombres y direcciones de los oponentes del candidato. El objetivo era claro: que el Cártel intimidara, secuestrara o forzara a esos rivales a abandonar la contienda. La acusación sostiene que Díaz Vega actuó como enlace directo entre la campaña de Rocha Moya y la estructura criminal.
El día de la elección, las instrucciones del Cártel se ejecutaron con precisión. Por orden de Iván Guzmán, sicarios del Cártel robaron urnas y boletas de los partidos opositores. Utilizando la lista proporcionada por Díaz Vega, secuestraron a oponentes de Rocha Moya y los intimidaron para que renunciaran a sus aspiraciones. Mientras tanto, a los mandos de la Policía Estatal de Sinaloa se les prohibió explícitamente acercarse a las casillas, incluso si observaban actividad criminal o recibían reportes ciudadanos de delitos en esos lugares.
A pesar de que oficiales de la Policía Estatal recibieron llamadas de emergencia denunciando amenazas en las casillas, robos de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, e incluso avistamientos de individuos armados con palos y paddles para golpear votantes, los agentes no intervinieron. La instrucción de sus superiores fue tajante: no interferir. El Cártel, con la complicidad de la estructura de seguridad, garantizó el triunfo de su candidato.
Una vez electo, Rocha Moya cumplió su parte del pacto. En una reunión posterior con los Líderes Chapitos y su entonces secretario general, Enrique Inzunza Cázarez, se acordó formalmente que el Cártel tendría control operativo sobre la Policía Estatal de Sinaloa. El documento judicial detalla que, desde la gobernatura, Rocha Moya aseguró que los Chapitos consolidaran un control casi total sobre las agencias de seguridad estatales y municipales, incluyendo la Fiscalía General, la Policía Investigadora, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán, eliminando cualquier riesgo de interferencia para las operaciones de narcotráfico.
La acusación también revela un mecanismo perverso para simular combate a la delincuencia. Funcionarios corruptos, incluyendo a José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, coordinaban con los Chapitos la identificación y arresto de enemigos del Cártel o de miembros de facciones rivales. Estos operativos, presentados ante la opinión pública como logros en seguridad, eran en realidad una herramienta para consolidar el poder del Cártel mientras aparentaban efectividad del gobierno de Rocha Moya.
Fuente: Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Párrafos 5, 7, 31(a), 31(b), 31(c), 31(d).
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