Ricardo Monreal afirmó que las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza carecen de pruebas contundentes y deben tratarse como un asunto político, respetando la presunción de inocencia.
CDMX — El debate político en torno a las acusaciones internacionales contra funcionarios de Sinaloa se intensificó con la postura del Poder Legislativo, en un contexto donde el caso mantiene implicaciones jurídicas y diplomáticas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo que las imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez deben considerarse, hasta ahora, como un asunto político, al no existir pruebas concluyentes en su contra.
“Mientras no se compruebe la responsabilidad penal, todos tienen derecho a la presunción de inocencia”, afirmó el legislador, quien subrayó que el análisis debe apegarse a la Constitución. Añadió que, en ausencia de elementos jurídicos sólidos, no puede asumirse culpabilidad alguna y reiteró que cambiará su postura únicamente si se presentan pruebas contundentes.
Las declaraciones se producen luego de que autoridades estadounidenses acusaran formalmente a los funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las solicitudes de detención enviadas al gobierno mexicano no incluyen elementos probatorios en esta etapa del proceso.
El posicionamiento de Monreal se suma a las reacciones institucionales frente a un caso que continúa en análisis por parte de autoridades mexicanas, mientras se define su curso legal y el alcance de las acusaciones en el ámbito bilateral.
0 Comentarios