Más de 150 organizaciones y actores políticos pidieron aplazar la elección judicial de 2027 en México tras fallas detectadas en la votación de 2025. Señalaron riesgos de partidismo, falta de filtros técnicos y boletas complejas. Proponen rediseñar el modelo para garantizar la independencia del Poder Judicial.

CDMX — El llamado a frenar el reloj de la reforma judicial cobró fuerza este mes. Más de 150 organizaciones civiles, académicas y actores políticos suscribieron una carta dirigida a las autoridades legislativas y electorales de México para solicitar el aplazamiento de la elección judicial de 2027 y un rediseño profundo del modelo. La petición surge tras las fallas documentadas en la primera jornada de votación celebrada en junio de 2025, un proceso inédito que llevó a las urnas la selección de jueces, magistrados y ministros.

Los firmantes advirtieron que el diseño actual no garantiza perfiles idóneos ni calidad en la justicia. Entre los señalamientos destacan la ausencia de filtros técnicos para candidaturas, lo que permite aspirantes sin experiencia suficiente; boletas excesivamente complejas; información limitada para el electorado; y criterios dispares en la evaluación de aspirantes. Cuestionaron especialmente el esquema de tres comités —uno por cada Poder del Estado— por generar desigualdad y percepciones de sesgo político. “La elección de personas juzgadoras, en su diseño actual, plantea riesgos relevantes y no es suficiente por sí sola para garantizar la legitimidad del sistema de justicia”, subrayaron. La coincidencia de la elección judicial con comicios ordinarios de 2027 —donde se renovarán cargos legislativos y ejecutivos— podría introducir dinámicas partidistas y clientelares que vulneren la independencia del Poder Judicial.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ya había observado que la coincidencia electoral incrementa el riesgo de influencias partidistas. Los especialistas recomiendan simplificar boletas y evitar concentrar demasiados cargos en una sola jornada. Los proponentes insisten en que aplazar la elección no significa abandonar el voto popular, sino ajustar el modelo para corregir fallas operativas y garantizar mejores condiciones de implementación antes de 2027.

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