El robo de una unidad de carga en Cuesta Blanca, municipio de Palmar de Bravo, Puebla, detonó el bloqueo nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas en México (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) para el próximo 6 de abril. Los conductores denunciaron la indiferencia del gobierno federal ante la ola de inseguridad que ya cobró la vida de choferes como Marco Antonio Díaz García y Omar Cabrera López.
PUEBLA DE ZARAGOZA/CDMX — La paciencia del gremio transportista se agotó nuevamente antes de que el gobierno federal terminara de pronunciar la palabra “diálogo”. El robo de una unidad de camión de carga en Cuesta Blanca, Puebla, se convirtió en la chispa que encendió un bloqueo nacional anunciado para el próximo 6 de abril. La ANTAC no tuvo que esperar horas para pasar de la denuncia a la acción: “Unidad robada hace unos momentos. No sabemos del operador”, publicó la organización mientras sus dirigentes se reunían con representantes de la Secretaría de Agricultura. La coincidencia no pudo ser más elocuente: el gobierno negocia mientras en carreteras federales los criminales operan con impunidad.
El comunicado del FNRCM fue una exigencia que la administración de Claudia Sheinbaum decidió ignorar hasta que la presión se volvió ineludible. “¿Por qué se manifiestan el 6 de abril?”, preguntó el organismo, y respondió con una letanía de razones que deberían avergonzar a cualquier gobierno: “Ante la indiferencia y falta de palabra del Gobierno federal. Por la ola de inseguridad que cuesta vidas. Por los que salen de sus casas y no llegan. Por la falta de justicia para las víctimas”. La presidenta aseguró que no existen motivos para la manifestación porque el diálogo continúa abierto. Horas después, la ANTAC respondió con hechos: el hallazgo sin vida de los choferes Marco Antonio Díaz García y Omar Cabrera López, dos hombres que salieron a trabajar y nunca regresaron.
El gremio transportista no exige privilegios. Exige lo mínimo: poder circular por carreteras federales sin ser asaltado, extorsionado o asesinado. La ANTAC fue contundente en su diagnóstico: “El sector transportista, particularmente el hombre-camión y los operadores, atraviesan una de las etapas más críticas de su historia. Hoy no sólo enfrentamos dificultades económicas, sino también condiciones de inseguridad, abandono institucional y políticas que amenazan con desaparecer a miles de familias que dependen de esta actividad”. El robo en Cuesta Blanca no es un hecho aislado; es el síntoma de una descomposición que el gobierno federal ha administrado con estadísticas, no con soluciones.
De ocurrir, el bloqueo del 6 de abril no será un simple cierre de carreteras. Será nuevamente un acto de desesperación de un sector que el Estado abandonó a su suerte. Los transportistas saben que el crimen organizado controla tramos carreteros completos, que las policías estatales son insuficientes o están coludidas, que la Guardia Nacional ha sido rebasada y que la Secretaría de Seguridad no ofrece resultados. Mientras la presidenta habla de diálogo, los conductores exigen acciones. Mientras el gobierno asegura que no hay motivos para el paro, las familias de Marco Antonio y Omar lloran a sus muertos. La diferencia entre el discurso oficial y la realidad de las carreteras mexicanas es, hoy más que nunca, un abismo que el 6 de abril podría volverse intransitable.
0 Comentarios