Organizaciones como Greenpeace cuestionaron la respuesta institucional de Pemex por el derrame petrolero en el Golfo de México al señalar que no se ha establecido una responsabilidad directa. “Se sanciona la mentira, no el daño ambiental”, sostuvo la organización.
CDMX — El derrame de hidrocarburos registrado en febrero de 2026 en el complejo Cantarell, en el Golfo de México, expuso una cadena de fallas técnicas, omisiones operativas y vacíos de información dentro de Pemex.
La fuga se originó en la zona de plataformas del activo Abkatún Pol-Chuc, donde, de acuerdo con el director general Víctor Rodríguez, existe infraestructura envejecida con mantenimiento insuficiente. “Incluye ductos ya muy viejos a los cuales se les dio mantenimiento insuficiente durante años”, reconoció. La detección del incidente ocurrió desde el 6 de febrero, pero el cierre de la válvula principal se realizó hasta el día 14, lo que permitió la continuidad del derrame durante varios días.
Investigaciones posteriores revelaron que la pérdida de integridad mecánica en el oleoducto no fue reportada a la alta dirección, ni las actividades de reparación. Además, se documentaron irregularidades como el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa y contradicciones entre reportes internos que calificaban el evento como un “lagrimeo” frente a un despliegue operativo de gran escala. Estas omisiones derivaron en la separación de funcionarios y en denuncias ante la Fiscalía General de la República.
El origen del derrame fue confirmado mediante análisis de imágenes satelitales y modelos científicos que ubicaron la estela de hidrocarburo en la misma zona del ducto afectado. A este escenario se suma un patrón más amplio documentado por monitoreo independiente, que identificó al menos 10 eventos de contaminación en el Golfo de México entre 2025 y 2026, algunos vinculados a embarcaciones sin identificación activa y posible infraestructura petrolera en altamar.
El impacto ambiental se extendió a lo largo de más de 900 kilómetros de litoral, desde Tabasco hasta Tamaulipas, afectando playas, manglares, arrecifes y zonas pesqueras. Comunidades costeras reportaron la llegada de residuos de petróleo y afectaciones a sus actividades productivas, mientras las autoridades informaron la recolección de cientos de toneladas de material contaminado y la intervención en decenas de playas.
Organizaciones como Greenpeace cuestionaron la respuesta institucional al señalar que no se ha establecido una responsabilidad directa para Pemex. “Se sanciona la mentira, no el daño ambiental”, sostuvo la organización, al advertir que la admisión del origen del derrame ocurrió tras semanas de negación oficial y sin un cálculo claro del volumen total de hidrocarburo vertido. Incluso, el propio gobierno reconoció que “no se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto”.
La falta de información sobre el volumen derramado y los costos del operativo ha limitado la evaluación del daño ambiental y económico, así como la definición de compensaciones para las comunidades afectadas. A esto se suma la ausencia de datos sobre el monto que deberá asumir Pemex y los retrasos en la admisión de denuncias por parte de poblaciones costeras, lo que ha generado cuestionamientos sobre el acceso a la justicia ambiental.
En respuesta, el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, desplegó un operativo con miles de elementos, embarcaciones y aeronaves, además de implementar apoyos económicos para pescadores. No obstante, especialistas y organizaciones advierten que estas medidas no sustituyen un plan integral de restauración ambiental ni resuelven las fallas estructurales en la gestión de la infraestructura petrolera.
0 Comentarios