La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo invalidó un delito; exhibió un método de poder en Puebla.
Ángeles de Puebla
El llamado “ciberasedio” no fue un error técnico ni una omisión menor. Fue una pieza política. Alejandro Armenta marcó la ruta desde el Ejecutivo; José Luis García Parra la convirtió en iniciativa desde su paso por el Congreso; y Laura Artemisa García Chávez la operó con disciplina desde la mayoría legislativa. Tres nombres, una misma lógica: ampliar el margen de control sobre la libertad de expresión.
No funcionó.
La Corte fue contundente: no se puede castigar penalmente lo que no está claramente definido. Pero más allá del criterio jurídico, lo que queda al descubierto es la intención de construir una herramienta lo suficientemente ambigua como para incomodar —o contener— a quien incomode al poder.
El contexto no ayuda a matizar. Un periodista como Rodolfo Ruiz enfrentó un proceso por lavado de dinero que terminó desmoronándose en la justicia federal. Al mismo tiempo, el gasto público en comunicación social se disparó sin fortalecer al periodismo, mientras los espacios críticos enfrentan un entorno cada vez más adverso. No son hechos aislados: son piezas de un mismo tablero.
En ese tablero, la ley de ciberasedio tenía una función clara. No necesariamente perseguir de inmediato, sino establecer un marco de incertidumbre: que cualquiera que critique, cuestione o incomode, no sepa exactamente cuándo cruza la línea penal. Ese es el verdadero efecto inhibidor.
Y ahí es donde está la derrota política.
Alejandro Armenta, José Luis García Parra y Laura Artemisa García Chávez no solo vieron caer una reforma; quedaron exhibidos en su forma de entender el poder. Apostaron por una norma vaga en un momento donde el control del discurso digital es central rumbo a 2027. La Corte no solo la invalidó: les marcó un límite.
Lo que se rompe no es solo una ley. Es la narrativa de que todo puede justificarse en nombre de la “protección” mientras se estrechan los márgenes de la crítica.
La máscara cayó. Y aunque nadie lo diga abiertamente, el estigma queda: cuando el poder intenta castigar la palabra con leyes ambiguas, deja de parecer democrático. Y empieza a ser otra cosa: autoritarismo.
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