El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general sobre feminicidio en México, con el objetivo de homologar sanciones, mejorar investigaciones y garantizar justicia a mujeres.
CDMX — El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que busca fortalecer el combate al feminicidio en México. La iniciativa, respaldada con 109 votos a favor, plantea dotar al Congreso de la Unión de facultades para emitir una legislación general que unifique criterios en todo el país.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, propone modificar el artículo 73 de la Constitución para establecer bases homogéneas en la tipificación, investigación y sanción del feminicidio. Actualmente, este delito presenta variaciones en su definición y castigo entre las entidades federativas, lo que limita la coordinación institucional. La reforma busca “establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes, homologar estándares de investigación con perspectiva de género”, así como fortalecer la cooperación entre la Federación y los estados.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, subrayó el alcance del proyecto al señalar que “no se habla sólo de leyes, sino de mujeres, niñas, madres, hijas, de familias que viven con una silla vacía”. Además, advirtió que el 90 por ciento de los feminicidios ocurre en entornos cercanos a las víctimas, lo que evidencia una deuda histórica marcada por la impunidad. En la misma línea, Enrique Inzunza Cázarez afirmó que la reforma responde a la necesidad de una acción estatal coordinada frente a un problema que carece de uniformidad en su combate.
Legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la urgencia de la medida. Martha Lucía Micher Camarena sostuvo que el feminicidio constituye una grave violación a los derechos humanos, mientras que Verónica Rodríguez Hernández apuntó que se trata de una de las expresiones más crueles de la violencia contra las mujeres. Por su parte, Virginia Magaña Fonseca destacó que la reforma responde a demandas sociales, y Paloma Sánchez Ramos señaló que obliga al Estado a actuar frente a la impunidad.
El proyecto también contempla la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, garantizando atención integral y mecanismos de reparación del daño. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo como parte de una estrategia para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia feminicida.
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