La Comisión de Justicia del Senado aprobó el plan 2026-2029 de la FGR, con énfasis en delitos de alto impacto. El proyecto plantea usar tecnología, priorizar feminicidios y corrupción, y mejorar la efectividad en investigaciones en México.

CDMX — La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), documento que busca redefinir las prioridades en la persecución del delito en México con un enfoque centrado en las víctimas.

El dictamen, respaldado con 12 votos a favor y una abstención, fue turnado a la Mesa Directiva para su trámite legislativo. El presidente de la comisión, Javier Corral Jurado, destacó que el plan parte de un diagnóstico que evidencia un aumento del siete por ciento en la integración de carpetas de investigación, con alta incidencia en delitos relacionados con hidrocarburos, armas y delitos patrimoniales.

El documento también identifica una concentración de la actividad delictiva en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, así como la existencia de 136 mil 256 carpetas en trámite, de las cuales solo el 27.14 por ciento derivan en sentencia.

Se propone una justicia con sentido social, donde la víctima sea el centro de actuación”, señaló Corral Jurado, al explicar que el plan contempla el uso de ciencia y tecnología para desarticular estructuras criminales, además de priorizar delitos como feminicidio, desaparición de personas, extorsión y corrupción.

Por su parte, la senadora Martha Lucía Micher Camarena consideró que el proyecto marca una nueva etapa en la procuración de justicia, especialmente para mujeres y grupos vulnerables. “Estamos ante algo histórico... delitos como el feminicidio y la trata serán de prioridad máxima”, afirmó.

En la misma sesión, la comisión aprobó por unanimidad un dictamen para inscribir en el Muro de Honor del Salón de Sesiones la leyenda “Mariano Otero y Mestas, principal promotor del juicio de amparo en México”, en reconocimiento al jurista jalisciense y su aportación al sistema de control constitucional, incluida la denominada “fórmula Otero”.

El avance legislativo perfila ajustes en la estrategia nacional de procuración de justicia, con énfasis en la eficiencia institucional y la atención a delitos de alto impacto en el país.

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