Los siguientes reportajes son producto del análisis directo de la acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), presentada por el Distrito Sur de Nueva York. Cada entrega extrae hechos verificados de ese documento judicial sin especulación ni fuentes externas. Documento del Distrito Sur de NY: los diez acusados, sus cargos y cómo cada uno sirvió al Cártel desde el gobierno.

La acusación del Distrito Sur de Nueva York señala a diez funcionarios mexicanos que van desde el gobernador Rubén Rocha Moya hasta un comandante municipal. Cada uno, desde su cargo, participó en una conspiración para proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos mensuales. El documento detalla nombres, puestos y roles específicos dentro del entramado criminal.

NY/CDMX — La acusación sustitutiva del Distrito Sur de Nueva York no habla de "funcionarios corruptos" en términos genéricos. Nombra a diez. Los enumera, describe sus cargos y detalla la función específica que cada uno desempeñó para que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad. En la cúpula está Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021. Según el documento, Rocha Moya se reunió con los líderes de los Chapitos antes y después de las elecciones, aceptó su apoyo para ganar la gobernatura y, como contraprestación, entregó el control de las policías estatales al Cártel. Las reuniones estuvieron custodiadas por sicarios armados con ametralladoras.

Junto a Rocha Moya aparece Enrique Inzunza Cázarez, entonces Secretario General del gobierno estatal y actual Senador de la República. Inzunza Cázarez participó en las reuniones posteriores a la elección donde se formalizó el control de los Chapitos sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Otro funcionario de primer nivel, Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas, cumplió una tarea específica: entregar a los Chapitos una lista con los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que el Cártel los secuestrara o intimidara antes de las elecciones de junio de 2021.

La acusación dedica párrafos específicos a los mandos de seguridad. Damaso Castro Zaaavedra, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, recibía mensualmente el equivalente a 10,893 dólares. A cambio, protegía a los Chapitos del arresto y filtraba información de operaciones de la DEA. Sus subordinados en la Policía Investigadora, Marco Antonio Almanza Áviles (jefe de 2017 a 2022) y Alberto Jorge Contreras Núñez (jefe de 2022 a 2026), recibían 16,670 dólares mensuales cada uno. Almanza Áviles emitió órdenes de arresto contra enemigos del Cártel a solicitud de los Chapitos. Contreras Núñez ordenó la liberación de miembros del Cártel detenidos por narcotráfico.

El responsable de la seguridad pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Recibía más de 100,000 dólares mensuales. Su principal servicio al Cártel fue advertir con antelación de al menos diez redadas a laboratorios de fentanilo, permitiendo evacuar drogas y personal antes de cada operativo. José Antonio Dionisio Hipólito (alias "Tornado"), Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, recibía 5,450 dólares mensuales, vendía munición para fusiles de asalto a los Chapitos y ordenaba liberar a sus miembros detenidos modificando los partes policiales para ocultar que portaban armas.

Dos acusados ocupaban cargos municipales. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán desde junio de 2022, recibía más de 10,000 dólares mensuales y permitía que los Chapitos operaran sin interferencia en la capital de Sinaloa. Juan Valenzuela Millán (alias "Juanito"), comandante de la Policía Municipal de Culiacán, recibía sobornos mensuales que distribuía entre más de 40 oficiales bajo su mando. Millán no solo protegió al Cártel: en octubre de 2023, por orden de Iván Guzmán, movilizó patrullas municipales para secuestrar a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a sus familiares, incluido un menor de 13 años. Los entregó a sicarios, quienes los torturaron y asesinaron.

La acusación no deja espacio para la ambigüedad. Cada uno de los diez tiene un nombre, un cargo y una lista de actos concretos. No son "funcionarios presuntamente vinculados". Son, según el Distrito Sur de Nueva York, los engranajes de una estructura estatal puesta al servicio de la organización criminal más violenta del mundo. El fiscal Jay Clayton lo dijo ante la corte: sin políticos y policías "a sueldo", el Cártel de Sinaloa "no operaría con tanta libertad ni éxito".

Fuente: Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Párrafos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 37, 39, 41.
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