Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa y señalado en el indictment como "R1" por recibir sobornos de Los Chapitos, compareció ante la FGR y declaró: "Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque nunca he pertenecido a un grupo". Afirmó no temer un proceso en Estados Unidos y dijo estar dispuesto a acudir si es requerido.

CULIACÁN, SINALOA. — El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, tomó distancia de la estrategia de otros acusados. Mientras Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses para negociar su cooperación, Almanza Avilés —señalado en el indictment del Distrito Sur de Nueva York como "R1", el jefe policiaco que recibía $300,000 pesos mensuales ($16,670 USD) de Los Chapitos— compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán y rechazó cualquier posibilidad de convertirse en testigo colaborador. "Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque nunca he pertenecido a un grupo", declaró ante medios de comunicación.

Almanza Avilés construyó su defensa sobre su trayectoria profesional. "Toda mi vida fui policía investigador y me preparé para eso", afirmó. El exfuncionario, con más de 28 años en corporaciones policiales, aseguró no tener temor de las investigaciones ni de enfrentar un proceso en Estados Unidos. Aseguró estar dispuesto a acudir a ese país si las autoridades lo requieren. "Notifiqué oficialmente mi domicilio para estar disponible", dijo. Su postura es clara: no cooperará, pero tampoco huirá. Es una estrategia de confrontación directa: enfrentar las pruebas del indictment sin negociar. Sin embargo, las pruebas en su contra son contundentes: aparece en las listas de sobornos incautadas por la DEA, recibía pagos mensuales regulares, se reunió con Iván y Ovidio Guzmán en una de las rancherías del líder de Los Chapitos, y como jefe de la Policía de Investigación emitía órdenes de arresto contra los enemigos del Cártel.

— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —

El contraste entre los acusados es revelador. Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez confían en la protección del gobierno mexicano (seguridad adicional, negativa a la detención, comparecencias ante la FGR). Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega optaron por entregarse a EE.UU. y negociar cooperación. Marco Antonio Almanza Avilés dice que no cooperará, que nunca perteneció a un grupo criminal, pero que no teme ir a EE.UU. Cuatro estrategias distintas para un mismo indictment. La fragmentación entre los acusados es evidente. Cada uno juega sus cartas como cree que puede salvarse.

El expediente NARCUS ha documentado que Almanza Avilés fue uno de los funcionarios más cercanos a la operación de protección del Cártel. Según el indictment, no solo recibía sobornos, sino que permitía el tránsito de químicos para producir fentanilo y emitía órdenes de aprehensión contra los rivales de Los Chapitos. Su afirmación de que "nunca he pertenecido a un grupo" contrasta con la evidencia documental. La DEA incautó listas mensuales donde aparecía identificado como "R1". Las listas no son una prueba de "pertenencia a un grupo" en sentido formal, pero son evidencia de una relación de corrupción sistemática y prolongada.

La declaración de Almanza Avilés también incluyó una aclaración sobre su situación personal: "no cuenta con seguridad privada y mantiene una vida cotidiana normal". Es un mensaje implícito: no está siendo protegido por el gobierno federal, a diferencia de Rocha Moya (que tiene seguridad adicional, según Sheinbaum). Almanza Avilés quiere mostrarse como un ciudadano común que no necesita protección, en contraste con el gobernador con licencia que viaja con escolta. La diferencia de trato entre los acusados morenistas es otro reflejo del doble estándar.

La FGR no ha informado si Almanza Avilés se acogió a su derecho a no declarar sobre ciertos temas durante su comparecencia, ni si fue confrontado con las pruebas del indictment. El exjefe policiaco dijo estar dispuesto a ir a EE.UU., pero esa disposición no es automática: requiere una solicitud de extradición y la decisión del gobierno mexicano de concederla. Por ahora, Almanza Avilés sigue en México, libre, sin medidas cautelares. Su estrategia es arriesgada: si es extraditado, enfrentará las pruebas del indictment en una corte federal de EE.UU., donde su defensa de "nunca pertenecí a un grupo" podría no ser suficiente. El tiempo dirá si su apuesta por la confrontación directa funciona o si terminará como Mérida y Díaz Vega: en una celda en Brooklyn, pero sin acuerdo de cooperación.

Fuente: Declaraciones de Marco Antonio Almanza Avilés a medios de comunicación tras comparecer ante la FGR (26 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Listas de sobornos incautadas. Expediente NARCUS, reportajes 1-69.
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