La ASE detectó un presunto daño patrimonial de $3.87 millones en la Cuenta Pública 2024 de Huauchinango: combustible sin acreditar flota vehicular, un contrato sin adjudicación y una obra con CFDI cancelado y 890 piezas pagadas pero no instaladas.
HUAUCHINANGO, PUEBLA. — Hay expedientes que hablan por sí solos. El informe de fiscalización que la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) elaboró sobre la Cuenta Pública 2024 del municipio de Huauchinango no es la excepción: tras revisar 18 conceptos del gasto público local, los auditores detectaron irregularidades que no pudieron solventarse y que hoy se traducen en tres pliegos formales de observaciones por un presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública de $3,870,769.40 pesos. No es un error contable menor. Es, en términos técnicos y jurídicos, la huella de un dinero público que salió sin respaldo suficiente —y que alguien tendrá que explicar.
Los trabajos de fiscalización arrancaron el 22 de mayo de 2025, cuando la ASE notificó a la presidencia municipal el inicio formal de la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal anterior. A partir de ahí, el ayuntamiento tuvo oportunidades sucesivas para demostrar que cada peso fue ejercido conforme a la ley: entregó documentación en junio, solicitó una prórroga en diciembre y remitió su contestación final el 11 de diciembre de 2025. En 15 de los 18 rubros revisados, logró acreditar el uso correcto de los recursos. Pero en tres frentes críticos, la evidencia resultó insuficiente —o directamente contradictoria.
Tres heridas abiertas en las finanzas públicas de Huauchinango
La administración del también constructor, Rogelio López Angulo, alclade de Huauchinango, refiere que el primer pliego —0201-24-25/01-E-PO-01— tiene un protagonista tan cotidiano como revelador: el combustible. La subcuenta 5.1.2.6 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos" registró un gasto de $1,511,867.30 pesos durante 2024. El municipio presentó facturas, comprobantes de pago y fotografías, pero omitió lo esencial: un inventario de bienes muebles que acredite que los vehículos abastecidos con ese combustible son propiedad del ayuntamiento, junto con los documentos que asignen cada unidad a un servidor público responsable. Sin ese hilo conductor, la ASE no puede vincular el gasto con el patrimonio municipal. El dinero existe en la contabilidad, pero el destino concreto quedó en el aire.
El segundo pliego —0201-24-25/01-E-PO-02— es el más acotado en monto, pero no en simbolismo. De un gasto total de $1,026,549.79 pesos en servicios de arrendamiento, el ayuntamiento logró justificar $976,626.80. La diferencia, $49,922.99 pesos, corresponde a una sola póliza contable —la D07JPC0035— relativa al mantenimiento y actualización del sistema de ingresos del ayuntamiento. Para ese contrato específico, no existe procedimiento de adjudicación documentado, ni dictamen de excepción a la licitación, ni acreditación del proveedor en el padrón municipal. En pocas palabras: alguien cobró por mantener el sistema con el que el municipio recauda sus propios ingresos, y no hay forma de verificar si el proceso fue transparente.
El tercer pliego es el más grave en magnitud y en la variedad de sus irregularidades. El 0201-24-25/01-OP-PO-03 se refiere a la obra "Rehabilitación de la instalación eléctrica del Mercado 5 de Mayo", cuyo contrato —MHOP-7124023/2024— ascendió a $2,719,811.61 pesos. Lo pagado fue $2,308,979.11 pesos, y ese es el monto que los auditores señalan como presunto daño patrimonial. Las razones se acumulan: documentación técnica sin firmas de autorización, catálogo de conceptos que en realidad correspondía a otra obra distinta, bitácora truncada que no registra el cierre de los trabajos, y una reducción de $410,832.50 pesos respecto al monto contratado sin que exista el convenio modificatorio que la justifique.
Pero la pieza más comprometedora la arrojó una consulta en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT): el Comprobante Fiscal Digital número 111, de fecha 2 de octubre de 2024, correspondiente a la segunda estimación de obra y emitido por $1,263,755.59 pesos, aparece como cancelado. El municipio lo presentó como respaldo de un pago legítimo. El SAT dice lo contrario. Un CFDI cancelado no respalda un egreso; es, en rigor, como presentar un cheque sin fondos como prueba de pago.
A eso se suma el resultado de la inspección física realizada el 23 de septiembre de 2025: los auditores constataron que 890 piezas del concepto ELEC039 —interruptores termomagnéticos que debían instalarse en el mercado— simplemente no están. Se pagaron; no se colocaron. El costo de esa obra pagada y no ejecutada asciende a $234,523.90 pesos, incluidos dentro del monto total del pliego.
El patrón que emerge de los tres pliegos no es el de una administración caótica, sino el de una que opera con documentación selectiva: presenta lo que tiene, omite lo que compromete, y confía en que la papelería acumulada sea suficiente para cerrar las observaciones. En dos de los tres casos, esa estrategia funcionó solo a medias. En el de la obra pública, no funcionó en absoluto.
Lo que resta ahora es el proceso administrativo que se desprende de los pliegos: la administración de Rogelio López Angulo deberá responder formalmente ante la ASE, acreditar el buen uso de los recursos o restituirlos, e identificar a los servidores públicos responsables de cada operación cuestionada. El riesgo prospectivo es claro: si no se establecen mecanismos de control sobre el parque vehicular, los contratos de servicios tecnológicos y la supervisión de obra pública, las mismas grietas aparecerán en la siguiente auditoría. El mercado 5 de Mayo ya tiene luz —eso al menos quedó acreditado. Lo que aún no tiene es la certeza de que cada peso gastado en instalarla llegó a donde debía.
Presunto daño patrimonial · Municipio de Huauchinango · Ejercicio 2024
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