La Comisión Permanente avalará esta semana un periodo extraordinario para procesar la reforma de Claudia Sheinbaum que pospone la elección de jueces y magistrados al 4 de junio de 2028. El plazo constitucional es implacable: las reformas electorales deben publicarse 90 días antes del inicio del proceso 2027, previsto para septiembre de 2026.
CDMX — El Congreso de la Unión se prepara para aprobar con celeridad la iniciativa presidencial que posterga la elección del Poder Judicial, originalmente programada para el primer domingo de junio de 2027, hasta el 4 de junio de 2028. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el periodo extraordinario para discutir y votar la reforma constitucional se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de mayo de 2026. La ventana legislativa es estrecha y responde a una obligación constitucional ineludible.
El artículo 105 de la Constitución establece que las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse. Además, prohíbe modificaciones legales fundamentales durante el mismo periodo comicial. El proceso electoral de 2027 dará inicio la primera semana de septiembre de 2026, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) celebre su primera sesión formal. Esto significa que la reforma debe estar publicada a más tardar en los primeros días de junio de 2026. El plazo es implacable.
La ruta legislativa que negocia Monreal con los coordinadores parlamentarios es la siguiente: este jueves 21 de mayo, la Comisión Permanente recibirá y turnará la iniciativa presidencial a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ese mismo día se votará la convocatoria al periodo extraordinario. El 26 de mayo, las comisiones dictaminadoras deberán tener listo el dictamen. El 27 de mayo se instalará formalmente el periodo extraordinario en San Lázaro, y ese mismo día el Pleno discutirá y votará la reforma.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados por mayoría calificada (dos tercios de los presentes), el proyecto se remitirá al Senado como Cámara revisora. Una vez avalado por los senadores, la reforma constitucional deberá ser enviada a los Congresos locales. Se requiere el voto favorable de al menos 17 de las 32 entidades federativas para que sea declarada reforma constitucional. Posteriormente, será remitida al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor. El tiempo apremia: los Congresos locales también deberán sesionar antes de que venza el plazo de los 90 días.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este proyecto después de que, en marzo pasado, fracasara su intento de adelantar la revocación de mandato a 2027. En aquella ocasión, Morena impulsó una reforma constitucional para que la consulta popular —originalmente fijada para 2028, a la mitad del sexenio— se moviera a 2027 y coincidiera con la elección intermedia federal. La propuesta fue desechada por todos los partidos de oposición. Ahora, la estrategia se invierte: si no se puede adelantar la revocación, se posterga la elección judicial. Ambos procesos terminarán el mismo día: el 4 de junio de 2028.
La magnitud de la elección judicial que se celebraría en 2028 es enorme. Los votantes deberán elegir cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y, en el ámbito local, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 estados. La propuesta del gobierno federal también incluye modificaciones al modelo de votación, la reducción del número de candidatos (para evitar los denominados “acordeones”) y nuevos filtros de evaluación para los aspirantes, como exámenes de conocimientos y la creación de una comisión coordinadora que homologue criterios entre los tres Poderes.
El argumento oficial es el ahorro presupuestal y la eficiencia logística. Empatar la elección judicial con la revocación de mandato reduciría costos para el INE. Sin embargo, la oposición anticipa un debate de fondo: la presidenta Sheinbaum se someterá a la consulta popular en la misma jornada en que los votantes deberán elegir a miles de juzgadores, diluyendo el peso específico de la pregunta sobre su continuidad. El periodo extraordinario de mayo de 2026 definirá no sólo el calendario democrático de los próximos dos años, sino también las reglas bajo las cuales se elegirá a quienes impartirán justicia en el país. La votación en San Lázaro será el primer eslabón de una cadena que deberá completarse en 17 Congresos locales antes de que se cierre la ventana constitucional.
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