Trabajadores de un establecimiento ubicado en el centro de Teziutlán denunciaron agresiones físicas, despido injustificado y falta de pago de liquidaciones. El encargado del negocio sostiene que existían presuntas irregularidades cometidas por parte del personal.
TEZIUTLÁN, PUEBLA. — Un conflicto laboral registrado en pleno centro de Teziutlán derivó en acusaciones cruzadas entre trabajadores y el responsable de un establecimiento comercial de origen chino ubicado sobre la calle Guerrero. Los empleados afectados denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas, además de ser despedidos sin recibir la indemnización que consideran les corresponde conforme a la legislación laboral vigente.
Según la versión de los trabajadores, los hechos ocurrieron al interior del negocio localizado en el número 206 de la citada vialidad. Los denunciantes aseguran que una discusión escaló hasta una agresión física contra uno de los empleados y que posteriormente todo el personal fue separado de sus funciones sin previo aviso. Además, señalaron que el propietario o encargado se ha negado a cubrir las liquidaciones derivadas de la terminación de la relación laboral.
La situación generó inconformidad entre los afectados, quienes solicitaron la intervención de la Secretaría del Trabajo y de la Fiscalía General del Estado para que se investiguen tanto las presuntas agresiones como las condiciones en que ocurrió el despido colectivo. Los trabajadores sostienen que sus derechos laborales fueron vulnerados y que requieren acompañamiento institucional para resolver el conflicto.
No obstante, el encargado del establecimiento rechazó los señalamientos y presentó una versión distinta de los hechos. De acuerdo con su testimonio, detectó presuntos actos de robo cometidos por algunos empleados, situación que, aseguró, no era aislada. También afirmó que parte del personal descuidaba sus actividades laborales, utilizaba constantemente teléfonos celulares durante la jornada y mostraba actitudes inadecuadas hacia la clientela.
Hasta el momento no existe una resolución oficial sobre las acusaciones planteadas por ambas partes. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron responsabilidades en materia laboral o posibles conductas constitutivas de delito, mientras el caso continúa generando atención entre comerciantes y trabajadores de la región.
0 Comentarios