El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó una acusación contra dos ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acusación, enmarcada en la "Operation Take Back America", detalla métodos clandestinos utilizados entre 2016 y 2025. Los acusados están prófugos. México no ha comentado.
VIRGINIA, EE.UU. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa estrechando el cerco sobre las finanzas del narcotráfico mexicano. Este viernes, la fiscalía del Distrito Este de Virginia hizo pública una acusación —sellada desde abril de 2025— contra dos ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por su presunta participación en una trama de lavado de dinero que benefició a dos de las organizaciones criminales más poderosas de México: el Cártel de Sinaloa (el mismo que protegía el gobierno de Rubén Rocha Moya) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los acusados, que permanecen prófugos, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión. El comunicado de prensa del DoJ no menciona colaboración alguna con autoridades mexicanas.
La acusación describe una red de lavado que operó desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025, abarcando los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum. Los métodos utilizados por Zhen, Wu y sus cómplices incluyen transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de mensajería encriptada, un sistema de verificación mediante números de serie y operaciones comerciales fraudulentas. El comunicado detalla que la conspiración se extendió por Estados Unidos, México, América Latina, China y otras regiones, y que los fondos lavados provenían de la venta de cocaína y fentanilo. El fentanilo, recordará el lector, ha sido designado por Donald Trump como "arma de destrucción masiva".
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
La acusación se enmarca en la "Operation Take Back America", una iniciativa de la administración Trump que busca, según el comunicado, "repeler la invasión de la inmigración ilegal y lograr la eliminación total de los carteles". El lenguaje es bélico. No es una operación policial convencional. Es parte de la guerra declarada contra los cárteles mexicanos, que incluye la "fase terrestre" anunciada por Trump, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs), y la directiva del subprocurador Aakash Singh de triplicar las acusaciones contra políticos mexicanos. La presión no es solo sobre los narcotraficantes. Es sobre todo el ecosistema que los protege: financieros, políticos, autoridades corruptas.
El comunicado del DoJ destaca la participación de la DEA —a través de su División de Operaciones Especiales, la Unidad de Investigaciones Bilaterales, y oficinas en múltiples ciudades de EE.UU., Colombia y Dubai—. No se menciona a la Fiscalía General de la República (FGR) ni a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La ausencia es llamativa. Mientras Washington persigue a lavadores de dinero chinos que operaron para el Cártel de Sinaloa, las autoridades mexicanas no han detenido a ningún funcionario morenista señalado por el indictment del 29 de abril. Los dos exsecretarios que se entregaron (Mérida Sánchez y Díaz Vega) lo hicieron voluntariamente a EE.UU., no por acción de la FGR. El gobierno mexicano, por su parte, no ha emitido comunicado alguno sobre esta nueva acusación.
El expediente NARCUS ha documentado que la administración de Claudia Sheinbaum ha respondido a la presión estadounidense con un discurso de "injerencia histórica", con contradicciones internas (seguridad de Rocha Moya), y con un patrón de protección a los acusados morenistas. La acusación contra Zhen y Wu demuestra que EE.UU. no solo está persiguiendo a funcionarios mexicanos, sino que está desmantelando las redes financieras internacionales que sostienen a los cárteles. México, mientras tanto, no aparece en la fotografía. No como colaborador, al menos en este caso. Tampoco como investigador de las ramificaciones locales del lavado.
La paradoja es evidente. Washington acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa —la misma organización que, según el indictment, recibió protección del gobernador Rocha Moya y su gabinete—. Si el dinero del narco se lava en China, y los políticos morenistas protegían al narco en México, ¿dónde está la investigación mexicana sobre las rutas financieras que conectan a los cárteles con los acusados? La UIF congeló cuentas, pero no ha presentado denuncias penales. La FGR no ha citado a comparecer a los acusados. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. sigue sumando acusaciones. El cerco se cierra. La pregunta es si México decidirá un día actuar, o si preferirá seguir viendo cómo Washington desmantela, desde fuera, las estructuras que el gobierno mexicano no toca.
Fuente: Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU. (22 de mayo de 2026). Acusación del Distrito Este de Virginia contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu. Operation Take Back America. Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Expediente NARCUS, reportajes 1-62.
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