La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, elogió la cooperación mexicana que permitió abatir a El Mencho, líder del CJNG. "México actuó de inmediato", afirmó. El contraste con el caso de Rubén Rocha Moya es abismal: la FGR declaró que la solicitud de extradición "carece de urgencia" y el gobierno federal le asignó seguridad adicional. México coopera cuando el objetivo es un narco, no cuando es un funcionario de Morena.
WASHINGTON/CDMX. — La funcionaria estadounidense Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), ofreció una declaración que el expediente NARCUS registra como un elogio a la cooperación bilateral —y como una condena implícita a la hipocresía del gobierno mexicano. "Vimos lo que pasó en México, cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano y vimos al gobierno mexicano actuar de inmediato contra El Mencho y fue abatido", declaró en una transmisión televisiva. EE.UU. reconoce que México sabe cooperar. El problema es que elige cuándo hacerlo.
Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido en un operativo conjunto. La inteligencia estadounidense fue compartida; México actuó "de inmediato". La cooperación fue fluida, rápida y efectiva. Sara Carter destacó que la relación bilateral "es constante y es continuo", mencionando conversaciones con Bolivia y México, y citando a Ecuador y El Salvador como otros socios. Si la cooperación es constante, ¿por qué en el caso de Rubén Rocha Moya la respuesta mexicana fue tan distinta?
El expediente NARCUS ha documentado la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum a la acusación formal de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa. La Fiscalía General de la República declaró que la solicitud de detención "carecía de pruebas de urgencia". El gobierno federal asignó seguridad adicional a Rocha Moya —sin que él la pidiera— y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que no tenía "ningún indicio" contra el gobernador. México actuó de inmediato contra El Mencho. Contra Rocha Moya, actuó con lentitud, silencio y protección.
El contraste es revelador. Cuando el objetivo es un narcotraficante de alto perfil como El Mencho, el gobierno mexicano no habla de "injerencia extranjera", ni pide "confidencialidad", ni cuestiona la "urgencia" de la solicitud. Actúa. Abate. Coopera. Cuando el objetivo es un gobernador de Morena, el discurso cambia: "defensa de la soberanía", "no somos colonia", "las pruebas no acreditan urgencia". México no tiene un problema de capacidad operativa. Tiene un problema de voluntad política.
Sara Carter no mencionó el caso Sinaloa en su declaración. No era su objetivo. Pero su elogio a la cooperación en el caso El Mencho deja al descubierto la excepción. La administración Trump ha designado a los cárteles como organizaciones narcoterroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva. La directora de la ONDCP, funcionaria de esa misma administración, dice que México coopera. La pregunta es: ¿cooperará también en el caso de los diez funcionarios sinaloenses que, según el indictment de Nueva York, permitieron que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad durante años?
El gobierno de Sheinbaum enfrenta una disyuntiva cada vez más incómoda. Si coopera con EE.UU. en el caso Rocha Moya, deberá extraditar a un gobernador de su partido y enfrentar las consecuencias políticas internas. Si no coopera, quedará expuesto como un gobierno que persigue criminales comunes pero protege a sus propios corruptos. La declaración de Sara Carter no fue una amenaza. Fue un recordatorio: México sabe cómo cooperar cuando quiere. La pregunta es si quiere hacerlo cuando el acusado es de Morena.
El expediente NARCUS ha documentado 25 reportajes sobre un mismo fenómeno: la captura criminal del Estado mexicano y la respuesta evasiva del gobierno de Sheinbaum. La declaración de Carter añade: la cooperación efectiva es posible. Existe. Se ha dado. México mató a El Mencho con inteligencia de EE.UU. Que no haya ocurrido lo mismo con Rocha Moya no es un problema de capacidad operativa. Es una decisión política. Y esa decisión tiene nombre: impunidad selectiva.
Fuente: Declaraciones de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), en noticiero estadounidense (4-5 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Expediente NARCUS, reportajes 1-24. Caso El Mencho (CJNG). Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026.
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