El gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, mantiene un búnker de inteligencia en el piso 18 de la Torre Centinela donde operan cinco agencias estadounidenses (FBI, DEA, ATF, HSI, CBP), en coordinación con SEDENA, SEMAR, SSPC y la Guardia Nacional. El contraste con Sinaloa es extremo: en el estado gobernado por Morena, los acusados de narcotráfico reciben protección federal.
CHIHUAHUA. — El expediente NARCUS alcanza su reportaje número 50 con una postal de la fractura institucional en México. Mientras en Sinaloa el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya tiene seguridad adicional asignada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y la FGR no ha citado a comparecer a ninguno de los diez acusados de narcotráfico, en Chihuahua —estado gobernado por la panista Maru Campos— el gobierno estatal mantiene una "estrecha colaboración" con cinco agencias estadounidenses (FBI, DEA, ATF, HSI, CBP), que operan desde un búnker en el piso 18 de la Torre Centinela. La información fue confirmada por un portavoz de la entidad al medio Drop Site y ocurre con la "supuesta aprobación" de autoridades federales mexicanas, incluyendo SEDENA, SEMAR, SSPC y la Guardia Nacional.
La diferencia de tratamiento entre un estado gobernado por la oposición (Chihuahua, PAN) y un estado gobernado por Morena (Sinaloa) es abismal. En Chihuahua, la colaboración con EE.UU. es estrecha, multifacética, y está instalada en un búnker de inteligencia. En el mismo estado, la FGR abrió una línea de investigación contra la Fiscalía de Chihuahua por la presencia de agentes de la CIA en el operativo del narcolaboratorio —una investigación que no ha derivado en citaciones ni detenciones. En Sinaloa, la FGR no ha actuado contra los diez acusados, la UIF les congeló las cuentas pero no ha solicitado su detención, y la presidenta Sheinbaum ha protegido a Rocha Moya. La coordinación entre instituciones mexicanas es nula. La estrategia de seguridad es bipolar.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
El búnker de inteligencia en la Torre Centinela no es una instalación menor. Cinco agencias de EE.UU. (FBI, DEA, ATF, HSI, CBP) trabajan en el piso 18, con analistas y personal técnico de Washington, en un esquema de colaboración que incluye a las máximas autoridades de seguridad del gobierno federal mexicano. La naturaleza de la información que se procesa ahí, el nivel de coordinación y el acceso de las agencias estadounidenses a inteligencia mexicana no han sido revelados. Pero el hecho de que el gobierno de Chihuahua lo haya hecho público —y que el gobierno federal lo tolere— indica que la colaboración es oficial, aunque quizás no formalizada en un tratado o acuerdo público.
El contraste con Sinaloa no podría ser más extremo. Mientras Chihuahua colabora estrechamente con las agencias antinarcóticos de EE.UU., Sinaloa es el origen del indictment que acusa a un gobernador morenista de haber recibido sobornos de Los Chapitos, de haberles entregado el control de la policía estatal, y de haber operado con ellos para ganar la elección de 2021. El gobierno federal ha respondido a ese indictment con protecciones para los acusados (seguridad adicional, negativa a la detención, silencio sobre las pruebas). El gobierno de Chihuahua ha respondido al escrutinio de la FGR por la presencia de la CIA intensificando su colaboración con EE.UU. La política de seguridad de México no es una sola: es dual, contradictoria y responde a intereses políticos.
El expediente NARCUS ha documentado que la directiva del subprocurador Aakash Singh de triplicar las acusaciones contra políticos mexicanos e incluir terrorismo sigue en curso. También ha documentado que Trump declaró que "los cárteles gobiernan México" y que su secretario de Defensa Pete Hegseth exige que México haga "aún más" para que EE.UU. "no tenga que hacerlo". En ese contexto, el búnker de inteligencia en Chihuahua puede ser visto como un modelo de cooperación aceptable para Washington. El problema es que el gobierno mexicano solo aplica ese modelo en estados gobernados por la oposición. En los estados morenistas, la cooperación se limita y los acusados son protegidos.
La pregunta que deja este reportaje es incómoda: ¿El gobierno de Claudia Sheinbaum está dispuesto a instalar búnkeres similares en Sinaloa, con acceso de la DEA y el FBI a la inteligencia local, para desmantelar la estructura criminal que protegió a Rocha Moya? Si la respuesta es no, ¿por qué en Chihuahua sí y en Sinaloa no? La respuesta probable es política: en Chihuahua gobierna el PAN, no Morena. La seguridad de México no debería ser partidista. El expediente NARCUS seguirá documentando las consecuencias de esta dualidad. Mientras tanto, en Chihuahua, cinco agencias de EE.UU. operan desde un búnker. En Sinaloa, varios narcopolíticos morenistas siguen libres. No es un tema de soberanía nacional, la diferencia es un mapa de cómo se aplica la ley en México: según el color del partido en el poder.
Fuente: Drop Site (17 de mayo de 2026). Declaraciones de portavoz del gobierno de Chihuahua. Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Directiva de Aakash Singh (The New York Times, 15 de mayo de 2026). Declaraciones de Donald Trump y Pete Hegseth (mayo 2026). Expediente NARCUS, reportajes 1-49.
0 Comentarios