La explosión en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca, dejó seis personas heridas. Nuevamente emergen serios cuestionamientos sobre las condiciones operativas y de seguridad en instalaciones de Pemex. Además, continúan los efectos de los recientes incidentes ambientales en el Golfo de México.
SALINA CRUZ, OAXACA. — La explosión registrada la noche del lunes en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz, Oaxaca, volvió a colocar bajo presión las condiciones de seguridad industrial en instalaciones de Pemex, en medio de una serie de incidentes operativos y ambientales que han marcado el último año de la empresa estatal.
El incidente ocurrió en la torre de enfriamiento 05 de la planta Hidros II, donde un flamazo derivó en un incendio que dejó seis personas lesionadas. Entre los heridos se encuentran tres trabajadores de Pemex, dos de ellas mujeres, y tres empleados de una compañía externa. Reportes locales señalaron además que cinco mujeres y un ingeniero presentaron quemaduras tras la explosión.
Personal de bomberos de la refinería controló el incendio, mientras autoridades estatales activaron protocolos de supervisión en colonias cercanas para descartar riesgos a la población. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos realizó recorridos en viviendas aledañas para evaluar posibles afectaciones estructurales y emitir recomendaciones preventivas.
El Gobierno de Oaxaca informó que las personas lesionadas fueron reportadas como estables y sostuvo que el incidente no representó riesgo para las comunidades cercanas. Sin embargo, el episodio reactivó cuestionamientos sobre el estado operativo de instalaciones estratégicas de refinación, particularmente en un contexto donde Pemex ha incrementado la carga de procesamiento dentro del Sistema Nacional de Refinación.
En meses recientes, la petrolera ha destacado un aumento en refinación y procesamiento de crudo como parte de la estrategia de autosuficiencia energética impulsada por el gobierno federal. No obstante, especialistas han advertido que una mayor presión operativa exige inversiones constantes en mantenimiento y seguridad industrial, especialmente en complejos con décadas de operación.
La explosión en Salina Cruz se suma a una cadena de incidentes recientes relacionados con infraestructura petrolera de Pemex. En el complejo Cantarell, en el Golfo de México, un derrame de hidrocarburos expuso fallas en ductos envejecidos y omisiones operativas. En Minatitlán, Veracruz, fugas en el pozo inactivo Concepción-134 afectaron cuerpos de agua y actividades pesqueras, mientras que en Puerto Progreso, Yucatán, autoridades confirmaron una filtración en un ducto submarino en desuso.
Estos eventos han reforzado las críticas de organizaciones ambientales y especialistas sobre el deterioro acumulado en infraestructura petrolera y la necesidad de revisar las condiciones de seguridad y mantenimiento en activos terrestres, marinos y de refinación.
En paralelo, la empresa enfrenta presiones financieras derivadas de una producción petrolera en mínimos de décadas, elevados adeudos con proveedores y una estrategia de reducción de deuda respaldada por apoyos fiscales y financieros del gobierno federal. Este escenario ha intensificado el debate sobre la capacidad de Pemex para sostener sus metas operativas sin incrementar riesgos industriales y ambientales.
La explosión en la refinería de Salina Cruz amplía el mapa de incidentes recientes vinculados a la petrolera estatal y evidencia que las tensiones operativas no se limitan a plataformas o ductos, sino que también alcanzan instalaciones clave para el procesamiento y suministro de combustibles en el país.
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