La FGR obtuvo una resolución judicial definitiva para aplicar extinción de dominio sobre una residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, Ciudad de México, valuada en más de 51 millones de pesos, al acreditarse que fue adquirida con recursos ilícitos.

CDMX — Después de años de litigios, apelaciones y resoluciones cruzadas entre tribunales, la Fiscalía General de la República consiguió que el Poder Judicial confirmara la extinción de dominio de una residencia vinculada a Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX, valuada en más de 51 millones de pesos y ubicada en la exclusiva colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, que confirmó la sentencia de segunda instancia y declaró procedente la acción impulsada por la Fiscalía. Con ello, el inmueble quedará incorporado al patrimonio del Estado tras acreditarse que fue adquirido con recursos de procedencia ilícita relacionados con la operación de compra a sobrecosto de una planta durante la gestión de Lozoya al frente de la empresa productiva del Estado.

El caso retrata el largo trayecto judicial de los expedientes de corrupción de alto nivel en México. La demanda de extinción de dominio fue presentada desde 2021 por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional. Sin embargo, en una primera resolución, la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio consideró improcedente la acción promovida por la FGR.

La Fiscalía respondió con un recurso de apelación que terminó revirtiendo la decisión inicial. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil revocó aquella sentencia y abrió el camino para confirmar definitivamente el aseguramiento de la propiedad. En su resolución más reciente, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas por los ministerios públicos permitieron acreditar el origen ilícito de los recursos utilizados para adquirir la residencia.

El fallo representa uno de los pocos casos en los que las autoridades federales logran consolidar judicialmente la recuperación de bienes ligados a presuntos esquemas de corrupción política y financiera. Mientras el proceso penal contra Lozoya continúa marcado por dilaciones, acuerdos fallidos y audiencias aplazadas, la FGR busca proyectar la extinción de dominio como una herramienta para golpear patrimonialmente las redes de corrupción construidas desde el poder público.

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