La Fiscalía General de la República ha citado a 50 funcionarios policiales de Chihuahua para investigar un operativo en el que murieron dos agentes de la CIA. Sin embargo, no ha llamado a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a los otros nueve acusados por narcotráfico señalados por Estados Unidos. La FGR justifica su actuación en Chihuahua por "presencia de personas extranjeras".
CDMX — La Fiscalía General de la República ha demostrado en las últimas horas que puede actuar con celeridad cuando lo decide. Para el estado de Chihuahua, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ya ha citado a cerca de 50 personas que participaron en un operativo en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, donde fallecieron cuatro personas —incluyendo dos agentes de la CIA. El caso está siendo investigado "de manera exhaustiva", según el comunicado oficial, para "esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades". La misma FGR no ha llamado a comparecer a Rubén Rocha Moya ni a los otros nueve acusados de narcotráfico en Sinaloa.
El contraste es imposible de ignorar. En Chihuahua, la noticia criminal fue presentada por el exfiscal general de Justicia de esa entidad, César Jáuregui Moreno, el pasado 19 de abril. En menos de tres semanas, la FGR ya tiene identificadas a 50 personas, las ha citado para entrevista, ha realizado requerimientos de ley para verificar acreditaciones de seguridad y está recopilando actos de investigación. En Sinaloa, la acusación fue presentada por el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril —con 34 páginas de pruebas documentales, listas de sobornos, fotografías y testimonios— y la FGR no ha llamado a comparecer a ninguno de los diez acusados. El gobernador con licencia, el senador, el alcalde y los siete funcionarios de seguridad siguen libres. Uno de ellos, el senador Enrique Inzunza Cázarez, ni siquiera pidió licencia.
La justificación oficial para la actuación en Chihuahua es clara: la presencia de "personas extranjeras" y la posibilidad de que se hayan cometido "delitos en materia de seguridad nacional". La FGR asumió competencia exclusiva por ese motivo. En Sinaloa, los acusados son mexicanos, pero los delitos —narcotráfico, posesión de ametralladoras, secuestro— son federales y tienen impacto directo en la seguridad nacional. El fentanilo que Los Chapitos producían en laboratorios protegidos por el gobierno de Rocha Moya ha matado a cientos de miles de estadounidenses. Esa también es una afectación a la seguridad nacional, pero la FGR no ha actuado con la misma celeridad.
El comunicado de la FGR cierra con una frase emblemática: "Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie". El expediente NARCUS ha documentado que, en el caso Sinaloa, algunos parecen estar por encima de la ley —o al menos fuera del alcance de la citación de la FGR. El gobernador con licencia recibe seguridad adicional del gobierno federal. El senador acusado sigue en su curul. El alcalde con licencia no asiste a su propio relevo. La FGR no los ha llamado. Y no ha explicado por qué.
La diferencia de trato también tiene un componente político ineludible. Chihuahua es gobernado por la panista Maru Campos, una opositora a Morena. Sinaloa es gobernado por un morenista —aunque con licencia— y la estructura acusada es enteramente de Morena. La FGR, que depende del Ejecutivo federal y responde a la presidenta Claudia Sheinbaum, ha actuado con rapidez en un estado gobernado por la oposición y con lentitud en un estado gobernado por su propio partido. La coincidencia es, como mínimo, llamativa.
El caso Chihuahua además involucra a agentes de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense. La FGR está investigando su presencia y sus actividades en territorio mexicano. Esa misma agencia, junto con la DEA, probablemente proporcionó la inteligencia que permitió el indictment contra Rocha Moya. Pero mientras la FGR investiga a los policías chihuahuenses por la muerte de agentes de la CIA, no investiga al gobernador sinaloense que, según Estados Unidos, estaba confabulado con el Cártel. La prioridad institucional de la FGR parece ser proteger la soberanía frente a agentes extranjeros, no combatir la corrupción interna que permite el narcotráfico.
La pregunta final es sencilla: ¿La FGR va a llamar a comparecer a Rocha Moya, Inzunza Cázarez, Gámez Mendívil y los otros siete acusados? Si la respuesta es sí, ¿cuándo? Si la respuesta es no, ¿por qué? El comunicado de la FGR promete informar a la opinión pública sobre los avances del caso Chihuahua "conforme la ley y el debido proceso lo permitan". El expediente NARCUS espera el mismo nivel de transparencia para el caso Sinaloa. La ley es una sola. La pregunta es si se aplica igual para todos.
Fuente: Comunicado oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Chihuahua (4-5 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Expediente NARCUS, reportajes 1-23. Declaraciones del exfiscal César Jáuregui Moreno (19 de abril de 2026).
0 Comentarios