FGR investiga una red de huachicol fiscal ligada a mandos navales, empresas fantasma y rutas clandestinas tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, donde fueron detectados más de 20 millones de litros de diésel.
CDMX — La investigación sobre el buque Challenge Procyon comenzó como un operativo de vigilancia portuaria y terminó exhibiendo uno de los esquemas de contrabando de combustible más grandes documentados en México. Lo que inicialmente parecía una irregularidad aduanera en el puerto de Tampico derivó en el descubrimiento de una red criminal que utilizaba puertos marítimos, patios clandestinos, empresas fantasma y corredores industriales para distribuir millones de litros de diésel introducidos ilegalmente al país.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República, el combustible ingresó mediante el buque con bandera de Singapur operado por la naviera Intanza, el cual arribó el 19 de marzo de 2025 a la Terminal de Usos Múltiples F7. Aunque la carga fue declarada como aditivos para aceites lubricantes, documentos del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas de México confirmaron que en realidad transportaba alrededor de 20.9 millones de litros de diésel importado.
La dimensión del caso comenzó a revelarse cuando autoridades detectaron que antes del aseguramiento oficial ya habían desaparecido aproximadamente 10 millones de litros mediante descargas nocturnas realizadas con mangueras hacia unas 300 pipas. El combustible fue trasladado inicialmente a patios clandestinos ubicados en corredores del Golfo y posteriormente redistribuido hacia Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México, donde parte del diésel era mezclado con combustibles legales.
Las rutas detectadas por la FGR conectaban puertos estratégicos como Tampico-Altamira y Ensenada con ciudades industriales y fronterizas como Camargo, Jiménez, Torreón, Fresnillo y Piedras Negras. El esquema operaba mediante empresas fachada y centros de almacenamiento clandestinos que permitían insertar el combustible ilegal dentro de cadenas formales de distribución.
La investigación también alcanzó a integrantes de la Secretaría de Marina. Entre los principales señalados aparece el vicealmirante Manuel Roberto Farías, actualmente preso en el penal federal del Altiplano, así como su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina. Además, las autoridades mantienen bajo investigación a otros elementos navales, empresarios y funcionarios civiles, incluidos posibles ex mandos de la ANAM presuntamente relacionados con encubrimiento y omisiones aduaneras.
Los operativos posteriores permitieron decomisar más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones y armamento. También fueron detenidas 14 personas que actualmente enfrentan procesos penales relacionados con delincuencia organizada y tráfico ilícito de combustibles.
El caso expone la magnitud alcanzada por el llamado huachicol fiscal, una modalidad menos visible que el robo tradicional de ductos pero con capacidad para mover volúmenes multimillonarios mediante corrupción institucional, simulación aduanera y redes empresariales. La propia FGR estima que al menos 31 buques habrían participado en operaciones similares entre 2024 y 2025, lo que sugiere que el Challenge Procyon podría representar apenas una parte de una estructura criminal mucho más amplia incrustada en puertos, aduanas y corredores logísticos del país.
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